El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha presentado un recurso de casación en el que asegura que los correos electrónicos dirigidos al exministro del PP Cristóbal Montoro, que está imputado por el juez de Tarragona Rubén Rus Vela por entre otros delitos los de organización criminal, tráfico de influencias y prevaricación, acreditan que la causa judicial que se abrió sobre su patrimonio «no tenía un fundamento jurídico, sino político», según especifica el escrito del que fuera también director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona mantiene imputado desde el 16 de diciembre de 2021 a Montoro en una causa que investiga en secreto para determinar si integrantes del despacho Equipo Económico, -que fundó el propio exministro en 2006-, usaron sus influencias en Gobiernos del PP en beneficio de sus clientes, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacción.
En este procedimiento también permanecen investigados –según la documentación a la que ha tenido acceso este diario–, el inspector de Hacienda y exasesor de Montoro Rogelio Menéndez Menéndez, hermano del ex director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez Menéndez, nombrado por el exministro en junio de 2013, que también fue imputado. Otros implicados en el caso son, según especifica la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Felipe Martínez Rico, quien también fue jefe de gabinete del ministro; y los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004, así como la exsocia del despacho Pilar Platero Sanz. Todas las imputaciones son de forma indiciaria, pues al estar secreta la causa ninguno ha sido llamado a declarar.
Los mensajes a Montoro
Por eso, el recurso de Rato al Supremo siembra dudas sobre la investigación de la que fue objeto, y por la que fue condenado: «Los hechos objeto de denuncia no ameritaban las entradas y registros y, sobre todo, no las justificaban. Estas conclusiones las ha puesto de manifiesto siempre esta parte, durante todo el procedimiento, incluso antes de que hiciesen públicos los mensajes entre el señor Montoro, entonces ministro de Hacienda, su jefe de Gabinete y el jefe de la Agencia Tributaria«, dice de forma literal el escrito, que ha interpuesto el exministro ante el Tribunal Supremo.
Archivo – El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a su llegada a un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid / Carlos Luján – Europa Press – Archivo
Esta redacción adelantó que los correos electrónicos que intercambiaron en 2015 los integrantes de la cúpula del Ministerio de Hacienda con Montoro ponían de manifiesto presuntas maniobras desarrolladas por estos altos funcionarios en relación con los delitos fiscales de los que se acusaba al exvicepresidente del Gobierno.
El primer mensaje que alude a Rato lo envió el 21 de enero de 2015 -cuatro meses antes de que fuera detenido el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)- el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, quien relata que el que en ese momento era jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre «la situación fiscal de Rato»: «Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”, explicaba este alto cargo, que finalizaba el mensaje destacando que esta y otras informaciones podían comentarse «el jueves después del comité de dirección (es muy tarde, no sé si es oportuno), o después del CM [Consejo de Ministros] del viernes (que creo que es más apropiado). Como prefieras», especificaba el mencionado email.
Recreación de un correo electrónico de la cúpula de Hacienda sobre Rodrigo Rato. / Nacho García
Más críticas de Rato
«Es evidente que el Juzgado no contrastó ni mínimamente el supuesto alzamiento de bienes que contenía la denuncia, si bien a los pocos días, tras las entradas y registros, se refutó totalmente inexistente», prosigue Rato en su recurso de casación, firmado por la abogada María Massó Moreu.
Los magistrados del Tribunal Supremo deberán decidir si aceptan a trámite el recurso y comienzan a estudiar las argumentaciones de Rato contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó a 4 años, 9 meses y un día de cárcel como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares.
En su recurso, Rato pide al Supremo la absolución «por infracción de precepto constitucional, por infracción de ley de un precepto de carácter sustantivo o error de derecho, y por infracción de ley al existir errores en la apreciación de la prueba».
Cristóbal Montoro y Juan Carlos Monedero. / Nacho García
Tanto el propio Rato como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero han reclamado su personación como perjudicados (acusación particular) en la causa de Tarragona, que permanece secreta. También lo ha hecho un periodista del diario ABC. En el mismo sentido, el PSOE ha pedido al juez Rus Vela que acepte su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tienen «enorme trascendencia para los intereses generales«, según la documentación consultada por este periódico.
El empeño de la fiscal Carmen García Cerdá en llevar a cabo una investigación de los correos de la cúpula de Hacienda acabó con una sanción disciplinaria contra ella, pues su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que del contenido de estos mensajes no se desprenden indicios suficientes para atribuir a los investigados un delito de revelación de secretos por intercambiarse la información fiscal de varios personajes públicos y cargos políticos. La fiscal anunció su intención de recurrir ante la justicia la sanción, que fue confirmada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con Cristóbal Montoro para conocer su opinión sobre su imputación, y este ha considerado, «muy llamativo que esté investigado desde el año 21 y no tenga ni idea, parece increíble, ¿no? Entonces, me parece, no sé, tan fuera de lugar».
En cuanto a la investigación sobre el despacho que fundó en 2008, Equipo Económico, el exministro de Hacienda ha recordado que se desvinculó de él. «Ya me fui en el año ocho y desde el 2012 no hablo con nadie del despacho. […] A partir de ahí ya les digo a ellos que ya es una cuestión de que hay que romper personalmente, que ese despacho me está haciendo mucho perjuicio, y que deberían incluso eliminarlo, quitarlo, porque además son muy buenos profesionales, no necesitan estar ahí viviendo de mi supuesta herencia en el sentido de, tal, entonces, pero ellos no, deciden seguir, tal, con lo cual todavía me distancia muchísimo más, es decir, estamos en el veinticinco, y hace muchísimos años que estoy distanciado incluso personalmente», ha asegurado.
El PSOE pide al juez que levante el secreto: «Más de un año después seguimos sin noticias»
El PSOE considera que el juez Rubén Rus Vela está extendiendo demasiado el secreto sobre la causa en la que se investiga si los miembros del despacho Equipo Económico (EE) usaron sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”. En el procedimiento se intervinieron numerosos correos electrónicos de los antiguos integrantes de la cúpula de Hacienda. Los socialistas han presentado un escrito en el que tras advertir de la «indebida y excesiva prolongación del secreto de las actuaciones» reclaman al instructor que lo «levante» y que se «dé el correspondiente impulso procesal».
Los socialistas ya reclamaron el 27 de noviembre de 2023 al juez su personación en la causa. El PSOE asegura que hace más de un año se le informó de que el secreto se levantaría «en tres semanas». «Y más de un año después seguimos sin noticias al respecto, y parece evidente que todo lo que pudiese afectar a la instrucción de la causa y cuyo conocimiento pudiese poner en peligro la misma, ya debe de haber sido resuelto por el Juzgado», dice el escrito que destaca, en el mismo sentido, que «ya deberían de haberse realizado cuantas diligencias fueren necesarias para asegurar la eficacia del proceso de instrucción, por lo que, con el debido respeto, solicitamos: se resuelva sobre las personaciones solicitadas».
En el transcurso de las pesquisas se han intervenido correos electrónicos que evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas. También que Montoro tuvo acceso a información considerada «reservada» relativa a diferentes personalidades públicas.
«Dado el tiempo trascurrido, y la suponemos intensa actividad instructora desarrollada hasta la fecha, solicitamos que una vez se nos tenga por personados, y se levante el secreto de las actuaciones se conceda un tiempo prudencial para el estudio de las mismas con suspensión de todos los plazos, pues lo contrario sólo puede provocar la indefensión de las partes personadas», concluye el PSOE en su escrito.
