El tráfico ilegal de productos fitosanitarios es un grave problema que se está generalizando en España y que afecta especialmente a aquellas comunidades con un sector agrario notable, como es el caso de la Región de Murcia y también Alicante.
Este mercado negro no sólo conlleva un evidente riesgo (por su falta de control) para la salud de los consumidores y el medio ambiente (por las filtraciones en los acuíferos) , sino que también pone en la diana el prestigio internacional de la agricultura nacional y regional. Ante esta realidad, en auge, el Seprona de la Guardia Civil ha llevado a cabo en los últimos años multitud de inspecciones que han dado sus frutos: solo en tres campañas (2021-2023) de inspección se han incautado más de 100 toneladas de pesticidas ilícitos, informa La Opinión de Murcia.
Numerosas incautaciones en España
La última operación, llamada ‘Dusku’, la llevó a cabo la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona contra una red criminal que vendió 25 toneladas de productos fitosanitarios sin autorización, por un valor de 400.000 euros. Se detuvo a siete personas. Esta intervención está vinculada a una anterior en la que se localizaron en Irún (Gipuzkoa), Arenales del Sol (Alicante) y la Castres (Francia) 26 toneladas de esos productos no regulados.
Los pesticidas, ya de por sí polémicos, son a veces ilegales / Shutterstock
Otra actuación del Seprona en Murcia junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera dejó 7 investigados y 23 toneladas incautadas de productos prohibidos en España. Los fitosanitarios, explican fuentes de la Benemérita, provenían de China, se empaquetaban en Italia y llegaban a nuestro país por mar a través de una empresa afincada en Valencia. Además, el pasado mes de mayo de 2024 se incautaron en Murcia y San Javier 24 toneladas de productos fitosanitarios ilegales procedentes de China. Los investigadores lograron identificar y detener a la cabecilla de la organización, una mujer de 43 años, nacionalidad rumana y asentada en la Región de Murcia
En otra operación, la Guardia Civil descubrió una partida de 4.000 kilos de pesticidas. Algunos estaban prohibidos y cancelados desde hacía 13 años por su afección a la salud y al medio ambiente.
Almacenamiento inadecuado y peligroso
Además de enfocarse esta práctica como delitos contra la propiedad industrial (muchas pasan como falsificaciones), salud pública y el medio ambiente, los investigadores añaden en algunos casos a esa lista el delito de riesgo catastrófico cuando el producto no está almacenado en las condiciones exigidas por la normativa de seguridad que regula este sector, una de las más exigentes no solo para el almacenamiento, sino también para la comercialización y aplicación de los fitosanitarios.
Comprobar la factura y revisar el etiquetado para evitar las estafas
Las empresas dedicadas a la producción de herbicidas y fertilizantes, como FMC Corporation, recomiendan a las empresas agrícolas y pequeñas explotaciones comprar siempre productos fitosanitarios sólo a proveedores autorizados y de confianza.
Además, indican que ante cualquier duda se debe comprobar que la etiqueta esté en castellano, correctamente adherida a los envases y verificar que figuran las instrucciones de uso completas, así como el nombre del fabricante y del titular del registro.
Otro de los consejos para evitar ser víctima de una falsificación es pedir en todo momento una factura o un albarán. «Si en la factura aparece un nombre diferente al del producto suministrado, insistir en que le den una nueva factura o, en caso contrario, devolver el producto», advierten desde FMC.
Como norma general, aconsejan ser extremadamente cauteloso con aquellas ofertas que se salen de la norma o con descuentos excesivos, «ya que podrían ser indicios de que se trata de productos ilegales o falsificados».
En caso de que se sospeche que se está ante un producto no autorizado se debe comprobar de manera independiente su origen llamando al fabricante y a la Guardia Civil.
Desde la Guardia Civil explican que las penas por estos delitos no son muy altas, pero la directiva de la UE sobre delitos medioambientales que entrará en vigor en mayo de 2026 facilitará el trabajo de los agentes y, a la vez, permitirá condenas más contundentes.
Incautación en Doñana en 2024 / Guardia Civil
Como complemento a las inspecciones de la Guardia Civil, la Administración regional realiza las suyas en los almacenes de venta de productos fitosanitarios, y en caso de encontrar productos ilegales, se inmoviliza; «y por otro lado el servicio de Sanidad Vegetal realiza controles sobre las cosechas para detectar la posible presencia de productos ilegales o no autorizados en el cultivo», explican a La Opinión de Murcia fuentes autonómicas.
Desde la Comunidad achacan la proliferación de este tipo de productos ilegales (fertilizantes y productos con bioestimulantes) a la falta de fitosanitarios y al riesgo de la pérdida de cosechas, que en los últimos años se han visto muy afectadas por diversas plagas y por la contumaz sequía de los últimos tres años.
Riesgos
Inocuidad no comprobada
Los productos fitosanitarios ilegales no ofrecen un uso seguro, su inocuidad no ha sido comprobada. Tampoco siguen las especificaciones de la FAO ni de las autoridades de la UE.
No están autorizados
No están autorizados por las autoridades regulatorias españolas ni está permitido su uso, distribución y comercialización. Además, infringen la Propiedad Industrial.
Daños derivados
Los pesticidas no autorizados suponen un evidente riesgo para la salud de consumidores y agricultores. También pueden dañar los cultivos y afectar a la fauna, el agua y el suelo.
El Gobierno regional destaca que está trabajando de forma intensa durante los últimos años para lograr el reconocimiento de materias activas que permitan proteger los cultivos, siendo una de las grandes reivindicaciones al Ministerio.
Aplicación de fitosanitarios / Agencias
Por su parte, el secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores de la Región de Murcia, Antonio Moreno, considera que los agricultores murcianos se caracterizan por el riguroso cumplimiento de la normativa. «Cualquier agricultor que se precie no va a utilizar materias activas que estén prohibidas», asegura Moreno, que destaca que es importante trabajar con los fitosanitarios porque están generando muchos problemas a los agricultores. Según el secretario de UPA, «hay que trabajar en la armonización de los registros de fitosanitarios a nivel europeo, es decir, cuando un producto se registre en España tiene que estar registrado en toda Europa y viceversa; lo que no puede ser es que cada país registre el producto con unas condiciones distintas». En este sentido, explica que se da la situación de que hay materias activas que se autorizan para fruta, pero no para hortalizas.
Por otra parte, desde UPA reclaman que las administraciones públicas apuesten de verdad por invertir, investigar y encontrar alternativas de lucha biológica o natural contra las plagas, «porque la tendencia es que los consumidores y las cadenas de supermercados quieren cada vez menos materias activas en los productos.
