La tasa de temporalidad en el sector público se sitúa en el 28%, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) correspondiente al primer trimestre de 2025. En el caso del sector privado, la tasa se reduce a menos de la mitad, al 12,1%. Un dato que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha decidido omitir durante la presentación de la Comisión de evaluación de la Reforma Laboral celebrada este miércoles.
La Comisión estudiará el impacto que ha tenido la reforma laboral aunque la vicepresidenta segunda ha especificado que el análisis de la Comisión se acotará a la tasa de temporalidad y sus sectores. Durante la retahíla de datos, ha mencionado que en 2024 «la tasa de temporalidad privada ha bajado casi 12 puntos, hasta el 12,4%». Desde el 26% de 2019, se trata del nivel más bajo de la serie histórica. Sin embargo, Díaz ha decidido no mencionar los datos correspondientes al sector público durante su intervención; aunque si que ha afirmado que le daban «escalofríos» los datos previos a la puesta en marcha de la reforma laboral de 2021.
La tasa de temporalidad del sector público en 2024 alcanzó el 28,8%, superando incluso la tasa de 2019 del sector privado. Estos datos muestran que a pesar del compromiso que España ha adquirido con la Unión Europea para reducir la temporalidad al 8%, las Administraciones Públicas siguen manteniendo altos niveles de contratación temporal.
Frente a esta omisión, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) ha emitido un comunicado este miércoles en el que ha querido remarcar que es «el sector público el que se está convirtiendo en el principal generador de temporalidad en el mercado laboral. Las empresas están cumpliendo con las limitaciones».
Entre algunos de los ejemplos de multiplicación de contratos temporales en el sector público, la patronal ha citado a los trabajadores asociados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o al personal investigador doctor, los investigadores distingidos y los predoctorales; cuya duración de contrato oscila entre cuatro años y lo que acuerden las partes.
Causas de la temporalidad en el sector público
Javier Cuervo, docente de ADE en la Universidad Internacional de la Empresa, ha explicado para El Independiente algunos de los factores que han determinado que la carga de la reducción de la temporalidad haya recaído en el sector privado. Entre algunos de estos elementos, el experto ha aludido a la falta de procesos selectivos regulares y a una gestión ineficiente de los recursos humanos en el sector público.
Además, ha añadido que reducir la temporalidad en el sector público es complicado por «la resistencia al cambio y por la falta de incentivos para ser más eficientes. Asimismo, la conversión automática de interinos en fijos ha sido rechazada por el Tribunal Supremo, que insiste en la necesidad de procesos selectivos abiertos para acceder a puestos fijos».
No obstante, también ha advertido que la reducción en el sector privado se ha debido a la conversión de contratos temporales en fijos, «aunque se consideran indefinidos, realmente no garantizan una continuidad laboral efectiva. Según Fedea, esta modalidad podría estar ocultando la precariedad laboral», ha concluido Cuervo.
La Comisión se presenta un día antes de las movilizaciones de CCOO y UGT
Además, la CEOE ha expresado el «oportunismo político» de la convocatoria de Díaz. Precisamente se ha celebrado un día antes del Primero de Mayo, cuando CCOO y UGT han convocado movilizaciones en más de 50 ciudades para recordar al Ejecutivo que se debe llevar a cabo el acuerdo para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 y urgir a que se abra una mesa de diálogo social para reformar el despido en España.
No obstante, la CEOE, en nombre de las empresas españolas, ha comunicado que «está orgullosa de haber contribuido a un modelo de empleo más estable y de calidad». Aunque mantienen sus críticas hacia el «intervencionismo, los constantes cambios regulatorios, el exceso de cargas burocráticas y el imparable incremento de costes impuestos por el Gobierno, todo ello sin consensuar o contraviniendo el diálogo social». De esta forma, han pedido de cara al Primero de Mayo, más negociación colectiva y menos imposición normativa.
