El PP ha dado por rotas las negociaciones con el Gobierno para sacar adelante el decreto antiaranceles. «No quieren un pacto, quieren adhesión», lamentaban este miércoles fuentes populares tras la reunión entre el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Los de Alberto Núñez Feijóo confiaban en que el Ejecutivo asumiría alguna de las propuestas que su equipo económico remitió hace 23 días a Moncloa. Ahora, si no hay un «cambio de rumbo» por parte del PSOE, los populares no apoyarán la convalidación del real decreto con el que Sánchez pretende responder a la guerra comercial abierta por Donald Trump.
Esta ruptura de las conversaciones se produce, además, en plena ofensiva de los populares contra la política energética del Gobierno, tal y como se ha escenificado en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE), celebrado esta semana en Valencia. En plena crisis por el gran apagón eléctrico del 28 de abril, y después de aprobar una resolución a favor de la energía nuclear, fuentes de la dirección nacional denuncian que Pedro Sánchez está preparando un «asalto al sistema eléctrico».
La sospecha nace del plan de Defensa presentado por Moncloa, que contempla 10.471 millones de euros, entre los que figuran partidas destinadas a inversiones en empresas estratégicas. Según los populares, el Gobierno podría estar preparando una entrada directa del Estado en el mercado eléctrico, a través de Red Eléctrica, tomando posiciones en compañías privadas o incluso mediante la creación de una energética pública.
«Cualquier cosa es esperable de Sánchez, sobre todo lo más descabellado«, aseguraba a este periódico un alto cargo del equipo de Alberto Núñez Feijóo tras escuchar la rueda de prensa del presidente, tras el Consejo de Ministros del martes. En ella, Sánchez evitó aportar detalles sobre el apagón y anunció una «comisión de investigación independiente» presidida, sin embargo, por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, responsable directa del sistema eléctrico.
Delegados de varios países del PPE y fuentes próximas a la Comisión Europea se muestran estupefactos. «Aquí ninguno entiende lo que pasó el lunes en la Península», reconocen. «Ni que España siga adelante con el cierre de las nucleares».
Hipótesis filtradas «sin pruebas»
Salvo un alto cargo portugués, país que se vio afectado por el blackout español, todos califican de «poco creíble» que el Gobierno español siga sin saber qué causó el «cero energético» del 28 de abril. Y cuestionan que la hipótesis del ciberataque o del sabotaje interno se haya filtrado «sin pruebas».
El gran apagón coincidió con el viaje a Valencia, para el congreso del PPE, de 14 primeros ministros europeos, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola.
En ese foro, el PPE aprobó una resolución del viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani, en defensa de la energía nuclear como «pilar fundamental» para garantizar un suministro «estable y competitivo». Un mensaje que choca frontalmente con la política «ideologizada» del Gobierno de Sánchez.
España es hoy el único país de la UE que mantiene su calendario de cierre de nucleares. La central de Garoña entra en situación irreversible en junio, y la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó 23 millones de euros para iniciar su desmantelamiento. El acuerdo, tomado sin avisar al PP en pleno diálogo sobre energía, fue calificada por Génova como una «afrenta».
Esa decisión podría tener consecuencias. De hecho, tras el apagón masivo del lunes, para el PP ha cambiado el «contexto». Ampliar la vida útil de las nucleares es un aspecto clave para los de Feijóo, y ahora adquiere más relevancia. En Génova advierten: sin un giro sobre la energía nuclear, el decreto antiaranceles no contará con los votos del PP, «y probablemente, decaerá«.
Esa falta de entendimiento quedó patente este miércoles en la reunión entre el ministro Carlos Cuerpo y el responsable económico del PP, Juan Bravo. Este último acusó al Gobierno de «bloquear» cualquier negociación al rechazar todas las propuestas. Por su parte, el Gobierno, que confía en sacar adelante el decreto, lamenta que el PP «anteponga sus intereses electorales» al apoyo que «necesitan las empresas y trabajadores».
Mientras tanto, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha afirmado que no piensa dimitir tras el apagón. Desde Valencia, Feijóo respondió: «Ella sabrá lo que tiene que hacer, lo mismo que el presidente Sánchez». El PP considera su continuidad incompatible con una investigación creíble.
Los fondos de Defensa
El plan de Defensa del Gobierno tampoco convence a Bruselas ni a la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha asegurado que el objetivo ya no es el 2% del PIB, sino «más del 3%», y hasta es posible que en la cumbre de junio en La Haya se establezca un umbral mínimo del 3,5%, según una fuente cercana a la Alianza Atlántica.
Sánchez aseguró haber alcanzado el 1,4% en gasto de Defensa en 2024. Pero la OTAN corrigió ese dato al día siguiente: fue sólo un 1,24%, según el Informe Anual del Secretario General, que Rutte entregó a Trump en el Despacho Oval. Además, al menos 1.000 millones de los fondos anunciados no cumplen los criterios de gasto militar de la Alianza. Otros 300 millones son «muy dudosos», según fuentes aliadas.
La Comisión Europea respalda ese incremento del gasto militar. El programa ReArm Europe de Von der Leyen calcula un esfuerzo nacional adicional del 1,5% del PIB en cada Estado miembro. El cálculo parte de la base, insisten desde Bruselas, «de que todos ya están en el 2%». España, de nuevo, queda descolgada, «y más si tenemos en cuenta que quiere hacer pasar por seguridad y defensa partidas para la Transición Energética«.
El PP ha logrado europeizar su crítica a Pedro Sánchez. Y lo ha hecho con el respaldo de los líderes del PPE, en una cumbre que ha convertido Valencia en epicentro político del centro-derecha europeo. La política energética del Gobierno, su falta de claridad sobre el apagón y su ambigüedad en Defensa han terminado por aislarlo en Europa.
