Otro contratiempo para la calle Copenhague de El Campello. La empresa encargada de realizar las obras en la vía que permanece cerrada desde el año 2018, a causa del peligro de derrumbe del muro de contención sobre la que discurre, ha renunciado a hacer los trabajos.
El Ayuntamiento sacó a licitación el contrato por 270.000 euros, IVA incluido, consistente en reparar los muros de hormigón y mampostería que recaen a la vía pública para que se restablezca la seguridad en la calle Copenhague.
Hace unas semanas adjudicó las obras a una mercantil, la única que se presentó al proceso, y le requirió que entregase en el plazo de diez días la garantía de 10.000 euros y otros documentos, según constaba en el pliego de cláusulas administrativas.
Transcurrido el tiempo, la empresa no movió ficha, por lo que el Ayuntamiento considera que ha retirado su oferta, de manera que ha declarado desierta la licitación. Además, ha iniciado lo que se llama incidente de imposición de penalidades contra la mercantil.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ordenó en el año 2018 al Ayuntamiento la reparación de la calle, ubicada en la zona de Coveta Fumà, para garantizar la seguridad. Los vecinos de una urbanización sobre la que recae el muro llevan desde entonces exigiendo que acatara la sentencia.
Los residentes afectados se ven obligados a realizar rodeos de 3,5 kilómetros para salir de la Coveta Fumà por calles muy estrechas y peligrosas para poder llegar hasta la Nacional 332.
Prioridad
El concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha explicado a este diario que la prioridad es volver a sacar la obra a licitación «lo antes posible» del contrato, que sigue vigente.
El edil ha incidido en que hay que cumplir la sentencia judicial y la calle lleva ya muchos años cerrada «y hay que darle servicio, los vecinos lo necesitan».
Palomares ha admitido que se trata de una obra «compleja» porque se trata de intervenir en zonas que afectan a viviendas, ya que el muro recae en una urbanización. No obstante, ha recordado que desde que se cerró la calle no se ha producido «ninguna incidencia», con lo que la situación «no se ha agravado».
Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem, Pedro Mario Pardo, que en el último pleno preguntó por cómo estaba la situación tras declararse desierta la licitación, ha señalado al gobierno municipal como «único responsable».
Recepción de las obras
El edil ha recordado que la sentencia que condenó al Ayuntamiento a arreglar el vial dejaba constancia que era «su obligación» comprobar si la ejecución del muro era adecuada para garantizar la seguridad y estabilidad del vial previamente a la recepción de las obras, «cosa que no se hizo».
Pardo ha incidido en que se trata de una «omisión clara» de sus obligaciones, «susceptibles de ser consideradas como un funcionamiento anormal del servicio público acontecido y causa del siniestro», como recoge el fallo judicial.
«Esta mala praxis nos ha supuesto, de momento, tener un vial cortado durante siete años, un desembolso económico muy importante para las arcas municipales y un peligro para los vecinos que viven frente al talud. Veremos cuándo se soluciona de una vez por todas», ha afirmado.
Recurso
Que la empresa adjudicataria no vaya a acometer los trabajos no es la única traba que ha tenido la calle Copehague. El Consistorio licitó en 2021 el contrato para acometer las obras, pero un recurso retardó el proceso y obligó a volver a iniciar el proceso de licitación de la redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y supervisión.
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas alegó por considerar que se incurría en «discriminación», ya que solo incluía a arquitectos e ingenieros de caminos para optar a los trabajos de redacción, dirección y revisión de obras. El Ayuntamiento aceptó el recurso de reposición interpuesto y volvió a iniciar el procedimiento.
El proyecto estaba redactado desde hace casi dos años, pero las obras no se podían contratar porque los vecinos no daban su conformidad a que los obreros entraran en sus viviendas.
El Ayuntamiento pidió a los residentes autorización por vía judicial, al objeto de que estos aportaran la autorización preceptiva, absolutamente necesaria para ejecutar las obras.
Finalmente, los vecinos dieron su atorización en diciembre pasado y el Ayuntamiento abrió el procedimiento de licitación de los trabajos, que se adjudicaron a la mercantil que ahora se ha echado para atras.
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