La cobertura de la rehabilitación para las personas con discapacidad física y orgánica por parte del sistema de salud público es limitada. No llega a las necesidades de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y ortoprótesis, entre otras. De hecho, el 89,4% del colectivo no accede a rehabilitación a través de la sanidad pública y, además, no está garantizada a largo plazo, con tratamientos interrumpidos debido a la limitación de sesiones financiadas. Lo denuncian la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) que han lanzado la campaña #SumandoCuidados, con motivo del 3 de mayo, Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
El objetivo es visibilizar las principales brechas y retos en el acceso a la salud y tratamientos del colectivo. Para ello, las entidades se apoyan en sendos informes que recogen un diagnóstico de las carencias del sistema sanitario desde una perspectiva de derechos. En el caso de la rehabilitación, se subraya que existen grandes desigualdades territoriales, y entre centros, en la cobertura.
Casos agudos
En casos agudos (rehabilitaciones traumatológicas tras fracturas o traumatismos para la recuperación de la funcionalidad a corto-medio plazo…) y, para ciertos tipos de casos crónicos, sí se realiza en el sistema de salud público (rehabilitación respiratoria, esclerosis…). Pero, alertan los estudios, «sigue sin ser un derecho garantizado por la regulación nacional de manera específica y clara, lo que provoca «desigualdades y una dependencia excesiva del sector social y privado» para cubrir estos servicios necesarios». De hecho, hay un 84,7% de personas que acceden a rehabilitación por ninguna vía (ni pública, ni privada).
Además, la campaña pone el foco en otros aspectos: el 88,5% del colectivo no accede a apoyo psicoterapéutico y más del 10%, se ha sentido discriminado en los servicios sanitarios. Los elevados copagos y la falta de financiación de medicamentos esenciales generan un sobrecoste que limita el acceso a tratamientos, especialmente en enfermedades raras o crónicas, se apunta.
Los determinantes
El impacto de los determinantes sociales, como la precariedad económica o la exclusión social, también incide directamente en la salud física, mental y emocional de las personas con discapacidad, señalan las entidades. La situación, abundan los estudios, se agrava en el caso de las personas con enfermedades raras, donde la falta de investigación y de recursos en los sistemas de salud «resulta especialmente preocupante».
Las entidades piden eliminar las barreras arquitectónicas y digitales en centros sanitarios o garantizar la equidad territorial en el acceso a tratamientos
Esta brecha también afecta «de manera destacada» a las personas con condiciones o enfermedades feminizadas -como la fibromialgia- y a aquellas con patologías minorizadas, cuya atención sanitaria «es frecuentemente desatendida o infravalorada». En el ámbito privado, critican, las barreras son aún más marcadas. Se observa una «discriminación evidente» tanto en la cobertura de servicios como en los procesos de contratación de seguros de salud.
Entre las principales propuestas recogidas por FNETH y COCEMFE Nacional se encuentran: eliminar las barreras arquitectónicas y digitales en centros sanitarios; garantizar la equidad territorial en el acceso a tratamientos, rehabilitación y dispositivos de apoyo; reforzar la salud mental; asegurar la asequibilidad de medicamentos; y proporcionar al personal sanitario todas las herramientas que necesitan para poder ofrecer un trato inclusivo.
