PP y Vox han sacado adelante, con los votos en contra de socialistas y Compromís, en el pleno de mayo del Ayuntamiento de València la nueva normativa que limita los usos turísticos en la ciudad, la denominada regulación de los «cinco candados» que ahora sale a exposición pública. En el debate y en un gesto no demasiado habitual ha tomado la palabra la alcaldesa, Mª José Catalá, para responder a los grupos de la oposición y poner en solfa su falta de determinación en sus dos legislaturas de gobierno frente al problema de los apartamentos turísticos. «No he podido resistirme», ha comentado Catalá, quien ha recordado que fue el anterior gobierno el que permitió convertir plantas bajas en apartamentos turísticos o el que ahora reprocha que la nueva normativa de usos turísticos permitirá la apertura de casi 6.000 viviendas turísticas más cuando ellos pusieron sobre la mesa una regulación que habría permitido la construcción de 200.000 apartamentos en la ciudad.
«Su gran gestión en apartamentos turísticos fue la aprobación de un plan especial de Ciutat Vella jurídicamente débil», que acabó impugnado y enmendado en los tribunales, ha continuado la alcaldesa, que también se ha referido al plan especial del Cabanyal, impulsado por el gobierno progresista que propone limitar al 10% por manzana los apartamentos turísticos y que, ante el descontrol y la superación de los límites fijados en varias zonas del barrio, también ha quedado incluido en la nueva regulación más restrictiva en porcentajes, con un límite del 2% de plazas turísticas por manzana.
«Pregúntele a los vecinos del Cabanyal si estaban contentos con sus limitaciones», ha espetado la alcaldesa, quien ha asegurado que el problema con las viviendas de uso turísticos no viene del último año y ha preguntado que hizo el anterior gobierno desde 2015 a 2023. Según la alcaldesa, su gobierno ha multipicado por tres las inspecciones y se han cerrado 1.500 apartamentos turísticos. También se ha referido Catalá a los límites fijados en barrios como Saïdia o Patraix, a los que ha aludido Compromís, donde según ha apuntado la portavoz Papi Robles, se podrán abrir 500 apartamentos. Catalá ha recordado que el anterior gobierno aprobó la construcción de una macroresidencia de estudiantes en el corazón del barrio, finalmente paralizada. «Mejor no hablen», ha pedidio la alcaldesa. «Hay que hacerlo adrede para hacerlo mal», ha insistido ante las críticas de la oposición.
El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha recalcado que la nueva normativa de regulación de los usos turísticos va a posibilitar que se abran 5.500 apartamentos más en la ciudad y ha reprochado a los populares, con sus socios de Vox, que no hayan aprobado antes la moratoria a las licencias en toda la ciudad. Desde que gobiernan, ha dicho el concejal de la oposición, «hay un 40% más de apartamentos turísticos y se ha incrementado un 35% el coste del alquiler». «La lógica que aplican es la de saturar los barrios que todavía no lo están y en los que ya lo están no hacen nada», ha aseverado el portavoz socialista, quien ha apuntado que en Russafa, uno de los barrios más tensionados por el turismo y la subida de precios, «según sus cálculos todavía caben 16.000 apartamentos turísticos». «Con esta regulación ganan los que creen que esta ciudad está en venta», ha espetado Sanjuan, quien ha dado otro dato de saturación turística: Sant Francesc, uno de los barrios de Ciutat Vella, donde los límites a los usos turísticos son más laxos, y donde «el 66% de personas que lo habitan son turistas»
También ha recordado Sanjuan que con la nueva normativa que ahora sale a exposición pública y el decreto del Consell sobre alojamientos ocasionales cualquier vivienda podrá ser aparatamentos turístico por un periodo inferios a once días. «Una tarifa plana» para las viviendas turísticas, que en opinión de Compromís agravará el problema del acceso a la vivienda en la ciudad.
Papi Robles por su parte ha reclamado mayores restricciones al gobierno de Catalá. «Están hablando de un crecimiento de plazas turísticas por encima de lo que podemos permitirnos», ha dicho. En Ciutat Vella se podrán instalar más hoteles porque los solares de uso terciario no cuentan en la nueva normativa. Compromís pide en este sentido ir más allá y vetar la construcción también de nuevos hoteles en suelo terciario. Robles ha puesto el foco en la falta de inspectores para controlar que se cumplen las limitaciones fijadas en la nueva normativa. «¿Cómo van a controlar los porcentajes porque no hablan de aumento de inspecciones?». «¿Qué van a hacer con los apartamentos ilegales?», ha preguntado también. «Nos está presentando una normativa con más agujeros que un queso gruyere». Compromís ha pedido para poder sentarnos a hablar de rebajar los porcentajes de viviendas turísticas, aumentar los inspectores e incluir en la regulación las plazas hoteleras en suelo terciario.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha criticado la «disertación demagógica» de la oposición y recordado que con su regulación se permitía el 50% de apartamentos turíticos frente al 2% que fija su propuesta de regulación. Tambien ha recordado, en alusión a las críticas del PSPV por fiar la ciudad al turismo, que la propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dijo que uno de sus objetivos era que València sea un destino turístico de referencia, al tiempo que cifró en 2.300 millones de euros de impacto del turismo para la ciudad. «Nosotros hemos actuado frenta a su inacción abordando el problema de manera global», ha dicho Giner. «Buscamos con la normativa que sale a exposición pública proteger al vecinos, priorizar el uso residencial y el comercio de proximidad». Una normativa con la que de cada cien viviendas, 98 serán para uso residencial y dos para usos turísticos.
