El Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen hoy para debatir los criterios para la redistribución de los menores migrantes no acompañados. Un encuentro al que el Ministerio de Juventud e Infancia llega aún sin las cuotas de reparto establecidas, a pesar de que la cita se produce 41 días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al real decreto que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatorio un reparto equitativo de los niños. Los gobiernos regionales tenían hasta el 31 de marzo para remitir al Ministerio dirigido por Sira Rego el número de menores migrantes que atiende la comunidad y el número de plazas disponibles en su red de acogida, para después cotejarlos y dimensionar el sistema de protección de todo el país. No todas las autonomías facilitaron la información y algunas lo hicieron de forma «poco fiable», por lo que las estimaciones que puede hacer el Ministerio no pueden ser certeras.
El Estado acude con las manos vacías a la reunión, lo que puede comprenderse como estrategia de negociación para dar a entender a las comunidades autónomas que son ellas las que van a tomar la decisión final. Sin embargo, esta postura solo prolonga la agonía de Canarias, que lleva esperando una respuesta desde hace más de un año y medio. En este sentido, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que de la reunión salga una hoja de ruta clara y un «cronograma de salida de los menores», pues «se han acabado las excusas» para que se acepte el reparto. Cada día que pasa es, a su juicio, «un día que se están vulnerando los derechos de miles de menores en Canarias», según dijo el sábado en declaraciones recogidas por Efe.
Acuerdo casi inalcanzable
El texto del real decreto ley establece una fórmula para calcular el número de niños que debe acoger cada territorio en función de parámetros como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas, o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio. Asimismo, señala que los criterios pueden modificarse mediante un «acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia». Sin embargo, el consenso parece inalcanzable, ya que Madrid, Aragón y Murcia han anunciado que están en contra del reparto y de la convocatoria de la reunión. En el caso, más que probable, de que no se alcance un acuerdo, los criterios se aplicarán conforme a lo dispuesto en el decreto ley, de modo que tendría que ser el Estado quien imponga los parámetros. Por este motivo, fuentes del Gobierno de Canarias temen que el proceso se dilate y que el Gobierno central permita ampliar el plazo para favorecer el diálogo con los Ejecutivos autonómicos y conseguir su apoyo.
El viernes, desde Bruselas, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió una «buena participación» por parte de las comunidades autónomas en la sectorial. «Vamos a poner en común, de manera coordinada y participada el real decreto, cuáles son los criterios, algo que nos permite ponernos a trabajar», explicó, antes de recordar que la norma permite al Ejecutivo central plantear un marco definitivo y «vinculante» para la acogida de menores. De esta forma, instó a trabajar políticamente con las comunidades apuntando que «buena parte de los criterios» son «los mismos» que ya operaban en 2022 y que «se asumieron por unanimidad por parte de las comunidades autónomas».
La agonía de Canarias
Las buenas intenciones de Rego chocan con la postura de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien solicitó la cancelación de la reunión al considerarla «ilegal». En una carta dirigida a la ministra, Dávila sostiene que la convocatoria infringe el artículo 17 del reglamento de la Conferencia Sectorial pues «las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas, ni urgentes», ya que se produjo «hace más de un mes, coincidiendo con la entrada en vigor del real decreto ley». De no cancelarse el encuentro «la Comunidad de Madrid se verá obligada a emprender las acciones que correspondan», advierte la consejera en la misiva. Además, la consejera madrileña considera que el Ministerio de Rego «trata a las comunidades autónomas como súbditos», a pesar de que son las autonomías las que tienen las competencias de proteger los derechos de los menores.
La Región de Murcia adelantó ayer que mostrará su rechazo a la propuesta diseñada por el Ejecutivo central para redistribuir a los menores migrantes, «por hacerse de espaldas a las comunidades autónomas» y por tratarse de «un documento hecho a medida de los intereses de Cataluña, los socios independentistas de Sánchez». La consejera de Política Social, Familias e Igualdad de Murcia, Conchita Ruiz, destacó que el reparto propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia «genera desigualdad territorial y no tiene en cuenta a aquellas comunidades que, como la Región de Murcia, han realizado un importante esfuerzo a lo largo de estos años en la acogida de menores migrantes». Un planteamiento incorrecto, ya que entre los parámetros incluidos figura el «esfuerzo previo», que contempla el número de menores migrantes acogidos por cada territorio en los últimos seis meses. Por su parte, el Gobierno de Aragón es el único que no ha enviado ningún dato sobre su red de acogida al Ministerio y ya ha anunciado que llevará a los tribunales, mediante un nuevo recurso contencioso-administrativo, la convocatoria de la sectorial.
La Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia estará presidida por Rego, comienza a las 15:00 horas y tiene lugar en Sala de Juntas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En lugar del ministro Ángel Víctor Torres, coordinador de la Comisión Interministerial de Inmigración, asistirá Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial.
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