Entre la imagen de las vías colgando en el puente de Paiporta y la de los trenes circulando han pasado 180 días, seis meses. Es el tiempo transcurrido desde la barrancada del fatídico 29 de octubre, que inundó gran parte de l’Horta Sud, la Ribera y la Hoya de Buñol, y arrasó no solo esta pasarela ferroviaria, sino también carreteras, redes de saneamiento o telecomunicaciones, bibliotecas, centros de salud, cauces, barrancos y playas fluviales, entre otras. El recuento de las infraestructuras públicas afectadas supera el millar de instalaciones y, eso, sin contar calles, viviendas, garajes y otro tipo de propiedades privadas. A su reparación se han destinado casi 6.000 millones de euros entre las diferentes administraciones públicas; bien la estatal, la autonómica, la provincial, bien las de nivel local. Primero se actuó sobre las de mayor urgencia, las más imprescindibles para la vida diaria y, poco a poco, el resto de ellas; muchas aún en fase de rehabilitación -la red de Metrovalencia al sur de Paiporta, algunas depuradoras y canalizaciones o los cauces del Poyo y el Túria, entre otros- y con trabajos continuos sin descanso.
Algunas de las cifras siguen impresionando. Más de 120.000 coches retirados. 800.000 toneladas de residuos, lo equivalente a la basura acumulada de la Comunitat Valenciana en 6,25 años o a 270 campos de futbol a rebosar. 160 kilómetros de carreteras, la mitad de la distancia entre València y Barcelona. 350 instalaciones municipales, entre bibliotecas, pasos subterráneos, instalaciones deportivas… Un centenar de pasarelas y puentes. 123 depuradoras con la instalación de megatuberías de cinco kilómetros de longitud. Para su reparación, los cuatro niveles de administraciones han lanzado contratos de emergencia, con los que se ha conseguido reparar gran parte de lo dañado, pero las obras de mayor envergadura y menos urgentes están aún pendientes. Los ritmos de la Administración tampoco ayudan.
Obras del Gobierno central
El Gobierno central es quien más presupuesto ha movilizado para la reparación de infraestructuras. De los 16.600 millones destinados a la reconstrucción, casi uno de cada tres euros -5.338 millones- se han destinado a la reparación de carreteras -la variante del baipás fue construida en menos de 15 días, por ejemplo-, de las redes ferroviarias -con los 423,7 kilómetros de Cercanías recuperados, excepto la C3 entre Aldaia y Utiel-, de saneamiento o instalaciones de titularidad municipal. En esta última partida, se encuentran los 1.750 millones de euros transferidos a los ayuntamientos para la reconstrucción de estas, bien mediante gestión directa, bien a través de Tragsa, la empresa estatal encargada de gestionar y ejecutar los proyectos inabarcables para los ayuntamientos, aunque también está sufriendo las dificultades de tramitar tantos proyectos simultáneamente.
Delegar a Tragsa el paso de la licitación es el planteamiento que barajan en el Ayuntamiento de Benetússer, como explica su alcaldesa Eva Sanz. Por el momento, están ultimando las memorias de los proyectos de las diferentes zonas urbanas -«hemos dividido el pueblo en segmentos y, en cada sector, hemos analizado qué es necesario hacer», cuenta- para presentarlas a los correspondientes ministerios. Les han concedido 48 millones de euros para reconstruir prácticamente todos los edificios municipales. «Están todos afectados, algunos menos como el ayuntamiento que solo tiene afectaciones en la planta baja», relata. En los proyectos, están realizando modificaciones para afrontar mejor futuras barrancadas; por ejemplo, elevar al primer piso las instalaciones eléctricas o de comunicaciones o buscando revestimientos diferentes para los edificios, más resilientes al agua. De hecho, los expertos recomiendan replantear el urbanismo de las zonas afectadas. Así lo explica Víctor Yepes, catedrático en el área de Construcción de la Universitat Politècnica de València (UPV): «Si construimos igual que como estaba antes, estamos asumiendo que cuando vuelva a ocurrir un fenómeno similar, se dará una catástrofe parecida«.
Pese a todo lo avanzado, Sanz reconoce que «vamos más lentos de lo que nos gustaría y de lo que la población entiende», pero defiende la importancia de cumplir los ritmos de la Administración, para que todo se haga de la mejor manera posible e invertir la cantidad transferida «en lo más necesario» y de forma «eficiente».
Cuencas y cauces
Además, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se están llevando a cabo 12 obras de emergencia en la demarcación, con un presupuesto total de 202 millones de euros en ejecución y otros 300 en previsión. Entre las actuaciones en marcha, se encuentran la reparación de la presa de Forata, donde se está extrayendo el lodo acumulado, la reparación del canal Júcar-Túria, la reconstrucción de caudales en el Camp de Túria, la reparación de los daños del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) o las obras en los cauces del barranco del Poyo y el río Magro.
Obras de acondicionamiento del río de Bugarra / Levante-EMV
A la altura de Gestalgar, por ejemplo, se está trabajando en limpiar el lecho del río, aunque la crecida de los cauces por el desembalse de las presas, tras las últimas lluvias, han tenido que paralizar los trabajos. Según su alcalde, Raúl Pardos, se está trabajando «más rápido que nunca», pero medio año para la Administración «es solo preparar y mover papeles». En su caso, han recibido 8,2 millones para la reconstrucción, pero el cauce del Túria es su motor turístico. «Las pernoctaciones de turistas están paradas —, confiesa—. El objetivo es que el río sea seguro para el baño en verano -se ha desaconsejado bañarse en Semana Santa- pero no va a estar reconstruido este año, por más que nos pese».
En la Comunidad Valenciana
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha destinado más de 300 millones de euros en infraestructuras a través del departamento de Vicente Martínez Mus. De ellos, 75 millones se han invertido en la reparación de 18 carreteras dañadas; 13 están abiertas con normalidad y, en otras cinco, se siguen trabajando y funcionan parcialmente. Además, la red de saneamiento cuenta con un presupuesto previsto de 100 millones, para paliar los daños de las 123 depuradoras afectadas e instalar de nuevo algunas de las grandes canalizaciones dañadas; y otros 125 millones, son para acelerar la recuperación del servicio de Metrovalencia, operativo hasta València Sur y con la parte sur de la Línea 1 pendiente de ponerse en marcha. Conselleria estima que se reabrirá el 21 de junio; hasta entonces, hay servicios de bus lanzadera.
A estos se suman las inversiones de otras consellerias: 25 millones de Agricultura para encauzamientos urbanos o los 40 millones para reparaciones en centros sanitarios, entre otros. Cabría añadir los futuros 141,5 millones de los presupuestos específicos de la dana de las cuentas de 2025, aun pendientes de aprobar.
Operarios realizan trabajos de limpieza de lodo en garajes de Picanya. / Levante-EMV
Los 150 millones restantes están siendo aportados por la Diputación de Valencia. Entre las acciones llevadas, se encuentran las obras en calzadas, la reconstrucción de 29 grandes estructuras, entre ellas el puente que conecta Cheste con la A3 o el puente sobre el río Magro en Carlet, aun en ejecución y que se espera que no esté operativo hasta el mes de octubre, pese a que los trabajos avanzan a «buen ritmo». Cabe recordar, además, que el ente provincial asumió la limpieza de más de 350 garajes que, aunque no son infraestructuras públicas, han sido uno de los trabajos esenciales en la limpieza de los municipios afectados.
Puente destruido por el agua en Carlet sobre el río Magro. / Agustí Perales Iborra
Ayudas abonadas
El ritmo no es el deseado en la ejecución de las infraestructuras a rehabilitar, ni tampoco en la transferencia de las ayudas públicas para los afectados por la dana, que superan ya los 5.000 millones de euros. Seis meses después de la barrancada, las personas afectadas siguen iniciando trámites para solicitar ayudas y lo hacen a un ritmo constante. La media diaria del último mes es de 375 nuevas solicitudes al día, según las estadísticas publicadas por el Ejecutivo central, que se actualizan a diario. El mayor retraso se produce en las ayudas directas para paliar daños personales y materiales, de las cuales solo se han abonado 4.044, el 9,27 % del total.
