Los políticos abusan habitualmente del término «relato» para referirse a la batalla por liderar los acontecimientos. Ese abuso ha terminado por desprestigiar la palabra, muchas veces asociada a falsedad o cuento chino. Pero el relato, incluso en la vida cotidiana, es de suma importancia. Tener un relato significa disponer de un orden claro en la mente sobre los propósitos y objetivos, una razón motora de la acción, meditada y consciente. Cuando se carece de él, o cuando no es sincero, los acontecimientos atropellan, las decisiones se improvisan, se incurre en contradicciones y, en definitiva, el liderazgo se desgasta.
Otro recurso habitual entre analistas políticos es recurrir a manuales clásicos como las obras de Maquiavelo o de Sun Tzu para extraer enseñanzas sobre estrategia en la pugna parlamentaria, muchas veces relacionada, también, con la teoría de juegos. Pocas dudas caben de que en lo que rodea al trágico accidente minero de Cerredo el gobierno regional ha ido perdiendo el relato, cediendo terreno y enfrentándose a la constatación de que, inexorablemente, lo predecible ocurría. Para no acudir a los autores ya gastados, conviene recordar a Carl von Clausewitz, militar prusiano y uno de los grandes teóricos de la estrategia, autor de la obra «De la guerra». Como explicó Clausewitz, la guerra (y por extensión la política) es un choque de voluntades. No entender que el adversario tiene la suya es la antesala del error.
Así, esperar que la oposición no reclamase la dimisión de la ya exconsejera Belarmina Díaz solo podía ser fruto de una ingenuidad sorprendente; suponer que las fuerzas parlamentarias ajenas al Gobierno no acabarían impulsando una comisión de investigación en la Junta, también; creer que Covadonga Tomé iba a asumir los postulados de un PSOE a la defensiva significaba estar fuera de la realidad; y confiar en que una vez que Tomé activase la comisión IU podría oponerse a ella resultaba candoroso. ¿Que el PP, Vox y Foro buscan desgastar al gobierno? Vaya, bienvenidos al planeta. ¿Qué esperan que hagan?
El PSOE ha ido cediendo una tras otra. «Nos comeremos la dimisión de la consejera y la comisión de investigación», ya vaticinó un dirigente socialista al comienzo de esta historia. IU dio un paso en falso al suponer que el cese de Belarmina Díaz marcaba un cambio de actitud; hubiera servido de haberse producido inmediatamente después del accidente. Cuanto más tardó el Gobierno en asumir que algo pudo haber fallado, más terreno dejó avanzar a sus adversarios. ¿No es acaso una forma de admitir que no se hizo lo suficiente hasta ahora el hecho de encomendar al consejero Borja Sánchez que evite que vuelva a producirse un accidente como el de Cerredo?
La bunkerización inicial del Gobierno hizo que todo acontecimiento posterior ya solo se leyese como derrota, y la aceptación a regañadientes de la comisión de investigación parlamentaria únicamente traslada la idea de que el Ejecutivo no cree necesario que se aclare lo ocurrido o que el parlamento pueda utilizar sus legítimas herramientas.
Una comisión de investigación parlamentaria no es un tribunal popular. La responsabilidad, indudable, que tiene la empresa Blue Solving por incumplir la ley la castigará la justicia. Las comisiones de investigación forman parte de los instrumentos parlamentarios de control del Gobierno y es al ejercicio de éste a quien se dirigen. Es cierto que se han producido en varias ocasiones extralimitaciones y de hecho la Junta General recibió una sentencia del Tribunal Constitucional en la que reprendía que se hubiese tratado de imputar una responsabilidad delictiva a una persona que comparecía. Las comisiones de investigación no determinan culpables individuales, pero sí pueden detectar y corregir deficiencias en el procedimiento de las administraciones, así como orientar posibles reformas legales. Con ese mismo argumento —que «no sirven para nada» o que solo buscan el espectáculo político— podríamos eliminar de un plumazo la mayoría de las intervenciones parlamentarias. ¿Sirven para algo las preguntas al Presidente? La pregunta no está en la utilidad sino en la legitimidad pública y el ejercicio de la democracia.
Hay muchas cuestiones que no resolverá la inspección general en la dirección de Minas y que sí podrá dilucidar la comisión parlamentaria, a la vista de que el Gobierno no muestra interés en responderlas. Por ejemplo: ¿las extracciones de carbón en minas sujetas al plan de cierre de la UE, aunque sean para supuestos motivos de «investigación» son admisibles? ¿Cuál es el encaje jurídico de los «proyectos de investigación complementaria»? ¿Por qué tras una denuncia a la mina de Cerredo la acción de la administración fue trasladarle copia a la empresa Blue Solving, mientras que en el caso de la formulada contra Tyc Narcea se optó por inspeccionar sus transacciones de carbón? El Instituto de Transición Justa subvencionó a Blue Solving una instalación que, según señaló este organismo en ningún caso conllevaban actividad extractiva; ¿por qué en cambio el Principado le dio licencia para extraer 60.000 toneladas de carbón para «investigación» vinculada a esa misma instalación? ¿Por qué pasaron más de seis meses desde la última inspección a la mina de Cerredo?
El Gobierno regional debería retomar el liderazgo claro en la gestión de la que sin duda es la crisis más grave de esta legislatura. El propio Adrián Barbón reconoce en una entrevista en estas mismas páginas que en lo «sentimental» es un momento tan duro para su Ejecutivo como la pandemia. La solución salomónica de trocear la consejería de Transición Ecológica, aparte de evidenciar que su creación obedecía a otras cuestiones internas antes que la lógica, muestra un claro cambio de paso. Trasladar la parte espinosa al consejero Borja Sánchez y apostar por un viceconsejero de Industria como el ingeniero gijonés Juan Carlos Campo también marca un giro relevante. Pero las acciones no deberían quedarse en eso. La promesa de «regeneración» debe hacerse sin que Borja Sánchez parta con condiciones. IU lo ha advertido internamente: la continuidad de algunos cargos elevará la desconfianza y los situará en el disparadero de la comisión de investigación en la Junta. Solo la acción y la transparencia podrán devolver al Ejecutivo fuerza moral en el relato sobre el procedimiento de la administración en el caso de Cerredo y sobre las dudas que planean respecto a la actividad minera de carbón en Asturias.
La batalla política no se ha terminado. Asistiremos en la Junta a la pelea por el control de la comisión de investigación, cuya presidencia reclamará IU y de cuya mesa de gobierno podría quedar fuera Covadonga Tomé. Pero la aritmética parlamentaria es tan endiablada que los socios del Gobierno deberán medir bien cuánto «castigan» a la diputada del grupo mixto, porque la necesitarán en todas las votaciones de aquí al final de la legislatura. También será clave cómo se denomine la comisión, porque determinará qué se puede y no indagar.
A estas alturas de la película, cualquier intento de desmerecer o descafeinar la comisión se leerá como un objetivo velado de ocultación por parte de los socios del Ejecutivo y una forma de conseguir la profecía autocumplida de que ese órgano de control será inútil.
Esperar que los demás partidos hagan cosas distintas a las que satisfacen sus intereses constituye una simpleza. La política consiste, precisamente, en no dejar que sean solo los otros quienes definan el tablero. El ejercicio de revisar con transparencia todo será el que mayor legitimidad otorgue al proceder de la administración; incluso para concluir que nada falló, lo cual por ahora parece poco probable. A estas alturas, más que temer la comisión, el Gobierno debería abrazarla como la única vía para reconstruir confianza. Y si la derecha la convierte en espectáculo será responsabilidad solo suya.
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