Una comida del Club Siglo XXI convocada en Madrid para este lunes será la primera ocasión que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aproveche para explicarse sobre el contrato de compra de balas de fabricación israelí para la Guardia Civil, cuya anulación anunció Moncloa esta semana después de que originara una ruidosa crisis en el Gobierno.
El titular de Interior mantiene su agenda. El viernes, de hecho, estuvo planificando actividades para mayo y más adelante, confirman a este diario fuentes de Interior. Esa planificación indica cómo en el entorno del ministro se descartó la dimisión, ni se espera ahí decisión alguna del presidente Pedro Sánchez contra su continuidad al frente del ministerio.
Este sábado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el único miembro del Ejecutivo en hablar sobre el asunto, si bien sin aclarar muchos extremos. Preguntado por los medios a la entrada del congreso socialista en Valladolid, Puente dijo que no tenía «ni idea» sobre si habría alguna dimisión o cese en el Gobierno, pero no verbalizó una negativa rotunda: «Esas especulaciones siempre están y el único que conoce eso es el presidente», dijo, en versión recogida por EFE.
Al margen de especulaciones, Marlaska ha seguido trabajando. Durante la semana ha hablado en varias ocasiones con la vicepresidenta Yolanda Díaz, apuntan las referidas fuentes saliendo al paso de una supuesta ruptura total entre el ala de Sumar y el titular de Interior en el seno del Gobierno. «Nadie quiere agrandar más un asunto que está zanjado«, explica un ejecutivo ministerial descartando el cese de Marlaska.
Contrato vigilado
En Interior asumen «el error» en seguir adelante con la tramitación del contrato, pero describiéndolo más como consecuencia de una falta de coordinación y comunicación con el resto del Ejecutivo que como una desobediencia a las orientaciones políticas de Moncloa o un descuido en la vigilancia de las líneas de suministro, en este caso no menor: son 15 millones de balas del calibre 9 mm para la Guardia Civil. De hecho, el contrato estaba bajo vigilancia técnica en el ministerio.
Donde pueda pronunciarse, Grande-Marlaska explicará que Interior abrió un expediente sobre esta contrata, de octubre de 2024, y que en esa «valoración interna» la Abogacía del Estado y los expertos en materia de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que asesoran a Interior no hallaron forma de romper la licitación sin causarle un perjuicio patrimonial a las arcas públicas por una probable indemnización.
Incluso, según las fuentes consultadas, alguno de los asesores habría advertido de una posible responsabilidad penal de quien adoptara arbitrariamente la decisión de rescisión del contrato, sin acogerse a las razones técnicas que contempla la ley.
Esa es ahora, de hecho, una de las previsiones que manejan fuentes próximas a la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil: la posibilidad de que, si no hay acuerdo antes, el asunto sea llevado a los tribunales, incluso más allá del ámbito de lo contencioso-administrativo, por Guardian Defense & Homeland Security S.A., la intermediaria que en España representa al emporio armamentístico israelí integrado por Elbit e IMI Systems.
En Interior le daban vueltas al contrato y no se encontraba forma legal de rescindirlo sin una decisión superior, y dependiendo de cómo derive el caso, ese argumento se mantendrá hasta en posibles comparecencias parlamentarias. El PP ha anunciado ya que tramitará las peticiones para que se expliquen en las Cortes Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.
También tiene anunciado el PP que llevará el caso al Tribunal de Cuentas.
El camino para anular
Moncloa anunció esta semana la anulación del contrato, pero ese anuncio aún no tiene reflejo administrativo. La firma Guardian solo tiene el aviso que ha conocido en los medios. El camino que seguirá la Administración no será el de una rescisión expresa, sino el de una negativa de licencia considerando la compra una importación de material militar.
Es el turno de la JIMDDU. Con esas siglas se denomina a un organismo clave en la compra y venta de armamento en España. Es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, en la que participan Economía, Industria, Defensa, Interior, Exteriores, el CNI y el Departamento de Seguridad Nacional, y que ve todo lo relacionado con el tráfico de productos para la defensa. Las balas para la Guardia Civil podrían no considerarse, en sentido estricto, material para los ejércitos, pero hay un detalle no menor en la doble dependencia del instituto armado con respecto a Interior y Defensa.
Las fuentes consultadas indican que, sin comunicado expreso de Interior rescindiendo el contrato, Guardian continuará con su trabajo: se dirigirá a la JIMDDU para traer a España las balas vendidas al Estado… y la JIMDDU resolverá no dando licencia para esa importación.
Es una medida que la JIMDDU ya ha tomado en otras ocasiones. Será en ese punto del proceso donde por primera vez en esta licitación la Administración General del Estado podría verbalizar negro sobre blanco la decisión del Ejecutivo de embargar compras y ventas de armamento a firmas israelís.
Una vez denegada la licencia, la Guardia Civil tendrá que licitar de nuevo parte del contrato. La firma checa Sellet & Bellot se dibuja como principal beneficiaria para vender los 15 millones de cartuchos. En su día, el contrato se dividió en tres lotes; dos los ganó la israelí IMI Systems y un tercero la municionera centroeuropea. Al concurso también acudieron, sin ganarlo, una firma italiana, Fiocchi Munizioni, y el intermediario catalán Óscar Mena.
Armamento
Se trata de una decisión política que nunca ha tenido sus límites claramente definidos. En repetidas ocasiones la ministra de Defensa ha negado que -desde el 7 de octubre de 2023, día del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás- España haya comprado o suministrado armamento «al Estado de Israel», excepción hecha de programas tecnológicos que ya estaban en marcha antes de la guerra, o de la adquisición y suministro de piezas de repuesto y mantenimiento, por ejemplo, para la red de comunicaciones operativas del Ejército.
Posteriormente lo ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso, pero sin cerrar tampoco si la proscripción incluye a empresas privadas que operan desde Israel, o a las piezas de esas empresas que, abundantemente, intervienen en otros productos de defensa que venden otros países occidentales.
Esa excepción a la que suele aludir Robles es la que ha hecho posible que Defensa no rescindiera -aunque sí han sufrido un fuerte retraso- tres importantes programas de armamento: desginadores POD de tiro para los cazas Eurofighter, el lanzador del sistema de cohetes de artillería de campaña SILAM y la modernización de los misiles Spike, el arma anticarro más potente de las Fuerzas Armadas.
En la sede de Guardian Defense & Homeland Security, en el centro de Madrid, se tramita otro contrato con Interior, mucho menor que el de las balas: placas de protección balística para chalecos policiales. Su montante no supera el medio millón de euros.
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