“Sánchez en estado puro”. Con su ironía particular en redes sociales, Gabriel Rufián resumía estos días los movimientos del presidente del Gobierno. Solo él, por Sánchez, decía el portavoz de ERC, “es capaz de instaurar 3 días de luto en un Estado aconfesional por la muerte de un Papa pacifista y durante esos 3 días anunciar 10.000 millones de euros más en armas”.
Y así ha sido. Mientras el lunes el Ejecutivo de Sánchez decretaba tres días de luto oficial por Francisco -gesto no menor cuando el gobierno Zapatero solo promulgó un día por la muerte de Juan Pablo II– el martes, el mismo Sánchez comparecía ante la ciudadanía para exponer un incremento sin precedente de las inversiones en seguridad y defensa. Hasta 10.471 millones de euros.
Un plan – en el que utiliza el eufemismo de ‘desarrollo industrial y tecnológico’ para evitar la sensación de rearme porque España es “pacifista”– con el que busca alcanzar que el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) de España se destine a seguridad y en defensa.
Se cumple así en “tiempo récord” con el compromiso que en 2014 alcanzó Mariano Rajoy con la OTAN y que se fue dilatando en el tiempo. Un aumento del gasto en defensa, que no es lo mismo que un gasto militar, pese a que no hay presupuestos generales y sin pasar por el Congreso de los Diputados. No hay que olvidar que aún solo es un plan y no los contratos puntuales que lo desarrollen. Ya se verá más adelante cómo se concretan esas partidas. Precisamente por ahí, por la falta de detalles, es por donde le lleguen las críticas al plan de Sánchez desde las asociaciones militares y el sector de defensa.
Con este movimiento que elude una votación en el Congreso, también salva al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de posicionarse. Pueden seguir con la crítica política al Ejecutivo sin poner en peligro la seguridad y la defensa del país porque no salga adelante alguna de estas partidas en un momento en el que los propios populares desde Europa demandan esta inversión. Se sigue alimentando el ruido.
Un ruido al que siempre ha estado abonado también el Gobierno de coalición. Sus diferencias airadas interesadamente en público acaparan los focos mediáticos más que las medidas por las que discuten. Y como ya nos tienen acostumbrados, todo se calma cuando Sánchez toma las riendas y adopta una decisión. Esta vez fue con el contrato que Interior intentó mantener con una empresa israelí para comprar balas.
Pero queda en eso, en la rescisión del contrato que ha avivado el fuego en la coalición. Sánchez no tomará más medidas -por ahora y al más alto nivel- y Fernando Grande-Marlaska seguirá dentro del Gabinete, por más que haya vuelto a ser desautorizado. Ya lleva varias crisis encima pero sigue siendo de los cuatro ministros – junto a Montero, Planas, Robles – que están con Sánchez desde el primer gobierno, hace ya casi siete años.
Esta vez la crisis sí que avivó las diferencias en la coalición dentro de la coalición de Gobierno. Yolanda Díaz se llevó críticas de los partidos que forman Sumar por respaldar un plan de defensa, por más que la vicepresidenta puso observaciones al mismo durante el Consejo de Ministros. La decisión final de aprobarlo es de todo el Gobierno y ella y los demás ministros de Sumar tienen que asumirlo propio.
Al igual que el PP, Sumar celebra librarse del brete de la votación en el Congreso. Evitan el trago de quedar nuevamente retratados porque la presión en los otros partidos de izquierda ‘más allá del PSOE’ ante este asunto agudiza las diferencias y pone en jaque, otra vez, el liderazgo de Díaz. Y además estos partidos afean a la vicepresidenta segunda que no trasladó los detalles del plan de defensa del que ella presume de haber logrado llevar al PSOE a su terreno. No son pocos los que ven cómo a Sumar le “desgasta” seguir en el Ejecutivo y eso alerta también en las filas socialistas.
Porque mientras todo esto pasa, Podemos sigue a lo suyo y ve la crisis de Sumar como una «oportunidad» para volver a entenderse con IU, tal y como nos cuenta estos días Ana Cabanillas en EL PERIÓDICO. Y eso todavía agita más la relación ya de por sí convulsa entre los partidos del espectro de la izquierda.
Podemos aprovecha este momento para reivindicar su posición crítica con el Ejecutivo y diferenciarse, aún más, de Sumar. Y así tiene más motivos para negar cualquier apoyo presupuestario. Aunque esta situación, y mirando también a otros socios, ya aleja cualquier posibilidad del Gobierno de presentar proyecto alguno en el Congreso.
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