Los dos grandes contratistas de Sareb, los servicers Aliseda/Anticipa e Hipoges, controlados por los fondos norteamericanos Blackstone y KKR, respectivamente, se mantienen con las espadas en alto a la espera de abrir una renegociación de sus acuerdos con el ‘banco malo’, después de que este haya ordenado paralizar la venta de todas sus viviendas y suelos residenciales susceptibles de ser transferidos a la nueva empresa estatal de vivienda, la actual Sepes.
El origen de esta decisión se remonta a enero de este año, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció que todos los inmuebles residenciales, casas construidas y terrenos hábiles para hacerlo, en manos de Sareb serían trasferidos a la entidad estatal de suelo Sepes, que se erigirá como la nueva empresa estatal de vivienda. Para ello, la junta de accionistas de marzo del ‘banco malo’, controlada por el Frob, dependiente a su vez del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, aprobó paralizar la actividad comercial hasta que haya un acuerdo para la transferencia, que sí o sí deberá volver a presentarse a la junta antes del próximo 30 de junio.
Esta circunstancia ha puesto en jaque los dos grandes contratos que tiene Sareb, que fueron adjudicados en 2022. Los contratos de Aliseda/Anticipa e Hipoges contemplan la adecuación y gestión de los activos, desde el saneamiento jurídico, hasta la gestión de llaves y la adecuación física de los inmuebles, aunque su trabajo termina con la comercialización y venta del activo. Estos vencen a mediados de este año, aunque se contempla una prórroga, algo que interesa a todas las partes.
Acomodar los contratos a la nueva realidad
Aquí está el quid de la cuestión. Ambas partes están obligadas a entenderse: ni a Sareb le interesa volver a licitar el contrato, ya que debe teóricamente disolverse en un año y medio, ni los servicers quieren perder los contratos y el volumen que les otorga estos acuerdos comerciales. Cuando se iniciaron los trabajos, el volumen bajo gestión entre el servicer de Blackstone y el de KKR alcanzaba los 22.000 millones de euros. Esta cifra ahora es muy inferior y podría rondar en total entre 12.000 y 13.000 millones, después de haberse desinvertido gran cantidad de los activos.
Para que el contrato sigue siendo rentable, las retribuciones que reciben los servicers tienen que acomodarse al perímetro de los activos y las comisiones deberán repartirse en función a otros hitos. Antes la mayor parte era con la venta de los activos y ahora tendrá que ser en un estadio anterior en el caso de los inmuebles residenciales, ya que estos serán trasferidos a Sepes. Adicionalmente, había una serie de ingresos derivados de alcanzar un determinado volumen de enajenaciones, que en muchos casos no podrán producirse.
Los servicers se guardan un as bajo la manga con el que podrían llegar a romper la baraja: si hay un cambio sustancial que afecta a más del 30% del contrato podrían rechazar la prórroga propuesta por Sareb, un punto al que ninguno quiere llegar y por eso se han iniciado ya las primeras conversaciones en las que cada uno juega sus cartas para ganar poder en la negociación. Sareb, en las últimas semanas, ha perdido varias, después de haber puesto en peligro numerosas ventas de activos con unos burofaxes fantasmas que amenazaron con abrir una guerra judicial entre el sector inmobiliario y la empresa controlada por el Frob.
Jaque a la venta de Hipoges
Otra de las consecuencias inmediatas de esta situaciones de incertidumbre es la potencial operación corporativa que pretendia protagonizar Hipoges en los próximos meses. KKR mantiene el servicer a la venta y el fondo británico Pollen Street es el mejor posocionado para adquirir la compañía por más de 100 millones, según la información públicada por Bloomberg. Ahora, según aseguran fuentes conocedoras, esta transacción estaría en peligro al estar en jaque uno de los grandes contratos de la compañía, responsable de una parte relevante del volumen de negocio.
