El presidente del Gobierno informará al Congreso el próximo 7 de mayo sobre el plan de defensa para alcanzar el 2% del PIB este 2025. Tras su aprobación en el último Consejo de Ministros, en Moncloa ya avanzaron la intención de comparecer a petición propia lo antes posible, por lo que se hará en el próximo pleno previsto, según ha avanzado EFE y confirman fuentes del Ejecutivo a este diario. Pedro Sánchez se enfrente a un rechazo que no solo de sus socios parlamentarios del arco progresista, sino también de sus socios de coalición. Sumar ya presentó una objeción formal en el Consejo de Ministros al capítulo de inversiones en material militar. Se trata de casi el 19% de los 10.471 millones de euros que movilizará el plan.
La aprobación por sorpresa del plan remitido el pasado miércoles a la OTAN y la Comisión Europea, generó fuertes críticas tanto en Sumar como en ERC, EH Bildu y BNG. Tanto por el contenido como por las formas, pues no pasará por el Congreso para sortear un eventual rechazo. Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tildó esta maniobra de “cacicada”.
Desde el Ejecutivo apelan a la pedagogía para apaciguar las críticas de sus socios e insisten en el mantra de que estas inversiones se harán sin recurrir al aumento de impuestos y sin afectación al déficit ni al Estado de bienestar. “No tocaremos ni un céntimo del gasto social para financiar este aumento de la inversión en seguridad y defensa», subrayó Sánchez durante la presentación del plan consciente de las diferencias con sus socios.
La financiación provendrá en buena medida de los remanentes de los presupuestos de 2024, del fondo de recuperación de la UE, de los ahorros por la reducción en el pago de intereses de la deuda y de ciertas partidas incluidas en las cuentas prorrogadas de 2023 que ya no se necesitan por el cometido al que fueron asignadas y que serían transferidas.
El plan no pasará así por el Congreso, al no haber nuevos presupuestos, ni recurrirse a vías de financiación que supongan ampliaciones de crédito complementarias. Se trata de «decisiones del ámbito ejecutivo, según defienden los socialistas. Fuentes del Gobierno explican que sí necesitarían el apoyo del Congreso en el caso de tener que aprobar una ampliación de crédito extraordinario, aunque tratan de normalizar el diseño del plan mediante modificaciones presupuestarias, que no requieren del ‘sí’ de la Cámara Baja.
En línea con lo defendido por el Gobierno desde que la UE puso en marcha el plan de rearme de los Veintisiete para hacer frente al nuevo escenario geopolítico, en el propio informe se lanza el mensaje de que «España no va a alentar ni a sumarse a ninguna escalada armamentística”. “No se trata de ampliar nuestras capacidades, pero sí de modernizarlas para que sean más eficaces y seguras”, según se argumenta en el denominado ‘Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa’.
En el capítulo de armamento al que se opone Sumar, se incluyen, además del nuevo buque de aprovisionamiento, un vehículo de cadenas multipropósito que reemplace el Transporte Oruga Acorazado (TOA) (200 millones), la adquisición de un sistema Obus Autopropulsado (ATP) de ruedas y sustitución del Obus ATP de cadenas M-109 A5 del ET (300 millones) o el incremento de la reserva de munición y explosivos correspondiente a los Ejércitos/Armada (Sistema Defensa de Punto Antimisil) por valor de 565 millones de euros.
Una de las grandes partidas, de 928 millones de euros, se destinará a “proyectos destacados como el simulador de paracaidismo, el sistema de entrenamiento integrado para las fuerzas armadas, y el refuerzo de capacidades en guerra electrónica, diseño de POD para combate aéreo, y sistemas de identificación avanzada (IFF) para helicópteros, con incremento de presupuestos en áreas clave de formación y simulación”.
De gasto a «oportunidad»
Sánchez reconoció «discrepancias» con Sumar, pero rebajando las diferencias a «matices» y valorando que existe consenso en lo «fundamental» del plan. “Lo más importante que tienen que ver es que no sale de necesidades ciudadanas, sino de otras partidas», destacan desde el ala socialista del ejecutivo, en referencia a Sumar.
Para voltear las críticas de algunos socios parlamentarios, el Gobierno trata de presentar el plan como una oportunidad para «consolidar el crecimiento económico de España» y generar empleo. También para modernizar y dinamizar el tejido empresarial de todas las comunidades autónomas. Los cálculos del Gobierno son que el 87% de estas inversiones se quedarían en España, mientras que solo el 5% iría a parar fuera de la UE para la adquisición de piezas o componentes que a día de hoy no se producen en el mercado común.
