El caso de la mujer con sarcoma de partes blandas que perdió la pierna presuntamente por una serie de fallos médicos que retrasaron su diagnóstico y tratamiento va a juicio este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Fuerteventura. La Fiscalía y la acusación particular sientan en el banquillo a V. P. D., un traumatólogo del Hospital General al que le imputan un delito de lesiones por imprudencia profesional grave por el que piden penas de entre 18 y 24 meses de prisión.
El Ministerio Público sostiene que el acusado, como médico adscrito al Servicio Canario de Salud y con su actividad profesional asegurada con la compañía Seguros Bilbao, atendió a finales de septiembre de 2016 a la paciente Martina K. en el servicio de traumatología. Ahí comprobó que la resonancia magnética efectuada el 27 de septiembre y la segunda punción arrojaban un resultado de tumor creciente con células malignas en su muslo izquierdo, lo que anticipaba un diagnóstico de sarcoma de partes blandas donde la metástasis pulmonar era un escenario probable.
Sin embargo, según el escrito de acusación de la Fiscalía, a pesar de estos indicios el facultativo no actuó conforme a las reglas técnicas de la profesión y derivó a la mujer al servicio de cirugía plástica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, en lugar de realizar una interconsulta previa inmediata con el servicio de oncología. Esta demora, sostiene esta parte, retrasó «fatalmente» la inmediata intervención del tumor por el personal competente, lo que generó las consecuencias fatales para la paciente.
La paciente alega que el acusado se limitaba a decirle que no se preocupara porque el tumor era «chiquitito»
La acusación particular, ejercida por el letrado Esteban Gómez Rovira, detalla una cronología de las supuestas negligencias médicas que comenzaron en julio de 2016 y que se prolongaron durante meses. En su escrito de conclusiones provisionales alega que se minimizaron los hallazgos clínicos y se utilizaron pruebas inadecuadas, como la punción-aspiración con aguja fina, que contribuyeron al retraso para dar con un diagnóstico definitivo. La paciente alega que el acusado se limitaba a decirle que no se preocupara porque el tumor era «chiquitito», pese a que cada vez iba aumentando de tamaño.
El 19 de octubre fue trasladada al servicio de cirugía plástica, donde le pidieron que remitiera por mensajero y bajo su propio coste las pruebas que le realizaron en Fuerteventura, anulando la extirpación del tumor programada para el día 21. Esa tarde le propusieron una cirugía de amputacion de la pierna izquierda a la altura de la cadera en un hospital especializado de Sevilla y realizarse una biopsia el día 24 para planificar una posible quimioterapia. El día 26 vio a una oncóloga, que le dijo que le iban a realizar una quimioterapia en Fuerteventura para reducir el tumor y que, en la segunda sesión, le indicó que solo podría hacer cuidados paliativos por la gravedad y posible metástasis.
Amputación en Alemania
Tras todos estos episodios, la paciente viajó finalmente a Alemania, donde fue intervenida el 15 de noviembre. Los médicos procedieron a la amputación del miembro afectado y confirmaron, meses después, la presencia de metástasis pulmonar.
La Fiscalía pide una condena de 18 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la medicina por dos años, y una indemnización conjunta con su aseguradora en una cuantía a determinar en ejecución de sentencia. Por su parte, la acusación particular eleva la solicitud de pena a dos años de prisión e inhabilitación profesional por seis meses, además de una indemnización de 700.000 euros por daños físicos, morales y estéticos, junto a los intereses y costas procesales. De dicha cantidad es responsable civil subsidiario el Servicio Canario de Salud.
