Doble varapalo judicial a la política migratoria de la Administración Trump en menos de 24 horas. Una juez federal ordenó al Gobierno del republicano que facilite el regreso a EEUU de un segundo hombre deportado a El Salvador. Por otro lado, otro juez ha impedido al Gobierno de Trump que retenga fondos federales a varias de las llamadas ciudades y Estados santuario que se han negado a cooperar con su ofensiva migratoria.
El miércoles por la noche, la juez federal de distrito Stephanie Gallagher en Baltimore, dictaminó que el Ejecutivo estadounidense violó un acuerdo judicial con la deportación de un venezolano de 20 años identificado solo como Cristian, junto a otras más de 250 personas a una prisión salvadoreña.
Este fallo se suma al caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño al que el Gobierno de Trump reconoció haber deportado por error y que, pese a una orden de otro juez federal para que regrese al país, la Administración poco está haciendo para hacer efectivo su regreso.
La Casa Blanca defiende que Abrego García, Cristian y los más de 250 migrantes que fueron enviados a una prisión salvadoreña el mes pasado son miembros de pandillas y que tiene el poder de expulsarlos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra adoptada en 1798.
En el caso de Cristian, la jueza federal considera que su deportación viola la normativa vigente, ya que el joven forma parte de un grupo de menores que entraron en EEUU sin acompañante y que después solicitaron asilo. La jueza recuerda que no se puede expulsar a nadie del país hasta que no se resuelva su caso.
La Administración Trump defiende que deportar a Cristian no viola ninguna normativa porque había sido considerado un «enemigo extranjero» según la ley de tiempos de guerra que invoca, lo que lo hacía ineludible para el asilo.
La jueza, en cambio, concluye que la normativa se aplica a cualquier persona que tenga una solicitud de asilo pendiente, y no sólo a aquellos que son elegibles para el asilo.
Por ello, ordena al Gobierno de Trump presentar una solicitud de buena fe al gobierno de El Salvador para que Cristian sea liberado bajo custodia estadounidense y pueda regresar a Estados Unidos. Además, ordena al Gobierno no deportar a otros migrantes amparados por ese acuerdo.
Las ciudades y estados refugio
No es el único revés judicial en las últimas horas para el Gobierno de Trump. Un juez federal en San Francisco impidió este jueves que el Ejecutivo retenga fondos federales a varias de las llamadas jurisdicciones santuario que se han negado a cooperar con la dura ofensiva migratoria del republicano.
El juez federal de distrito William Orrick emitió la orden judicial tras la demanda de 16 ciudades y estados a nivel nacional encabezados por San Francisco que argumentaron que la Administración estaba tratando ilegalmente de obligar a los funcionarios locales a cooperar con los arrestos de inmigrantes por parte de las autoridades federales.
Esas jurisdicciones incluyen las ciudades de Minneapolis, New Haven, Portland, St. Paul, Santa Fe y Seattle. Argumentan que la Administración busca castigarlas por ejercer su derecho a limitar el uso de sus recursos para la aplicación de la ley federal de inmigración civil.
La demanda impugnó una orden ejecutiva firmada por Trump que amenazaba con cortar la financiación federal a las jurisdicciones santuario que limitan o se niegan a cooperar con la aplicación de las leyes federales de inmigración, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Durante su primer mandato presidencial, Trump firmó en 2017 una orden ejecutiva similar dirigida a las jurisdicciones santuario. San Francisco también presentó una demanda, lo que llevó a Orrick a bloquear la política en un fallo que fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU, con sede en San Francisco.
Las localidades presentaron una demanda un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandara al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago, buscando una orden judicial que bloquee las llamadas leyes santuario que las jurisdicciones lideradas por los demócratas adoptaron y que, según dijo, estaban interfiriendo con la agenda de Trump.
Las leyes de santuario impiden que las fuerzas del orden estatales y locales ayuden a los funcionarios federales de inmigración civil.
Desde entonces, el Departamento de Justicia también presentó una demanda impugnando una ley de Nueva York que prohíbe al estado liderado por los demócratas compartir información sobre vehículos y direcciones con las autoridades federales de inmigración.
