La jueza de la dana ha acordado la citación en calidad de testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y otras doce personas.
Entre ellas, se encuentran el director y el subdirector general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla y Jorge Suárez respectivamente; el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset; y tres alcaldes: las de Paiporta y Catarroja (Maribel Albalat y Lorena Silvent) y el de Sedaví (José Francisco Cabanes).
La juez deniega citar a algunos de esos cargos públicos y a otros otros como investigados, como es el caso de Polo, Suárez y Basset. Se trataba de una petición de la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
La magistrada cree que, respecto al presidente de la CHJ, «no concurren indicios de delito que justifiquen la atribución de la condición de investigado».
«No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH, ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo», destaca.
«Más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH«, argumenta la jueza.
«No es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico el SAIH ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia», prosigue.
En este sentido, sostiene que ha de tenerse en cuenta «el tipo de emergencia ante la que se encontraba la provincia de Valencia, un gravísimo riesgo de inundación». «Si el propio investigado remite un mensaje a las 14:44 horas, vía whatsapp, a un chat en el que se dice: ‘los barrancos están a punto de colapsar’. Lo que supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo», valora.
«Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición», insiste.
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