La familia de Miguel Ángel González, uno de los agentes asesinados por una narcolancha en Barbate, continúa su batalla judicial para dirimir responsabilidades en la Guardia Civil. Después de que tanto el Juzgado de este municipio como la Audiencia Provincial archivaran la causa contra dos mandos de la Benemérita -el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia en Cádiz-, los familiares de esta víctima van a elevar ahora el caso al Tribunal Supremo, según ha podido saber El Correo de Andalucía.
«Esperamos que el Supremo corrija el último auto de la Audiencia de Cádiz y aplique la juriprusdencia de su propia Sala en relación con la doctrina del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar un atropello constitucional de mis representados«, afirma Miguel Lozano, abogado penalista de Lebrija que defiende a la familia de González. «Llevamos ya un año de intensa lucha», señala.
«No se ha realizado una investigación, con lo cual no llega a tener ni la consideración de una mera imputación porque el procedimiento se encuentra en una fase muy embrionaria«, explica este letrado. «Por este motivo, no puede dar lugar a un sobreseimiento libre, sino provisional», justifica Lozano.
«El archivo se ha decretado sin diligencias»
La defensa ha elaborado este recurso de casación basándose en «una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, que proclama el derecho a una tutela judicial efectiva«, según se detalla en el escrito. «La aplicabilidad de su doctrina», argumenta el letrado, exige realizar «una investigación judicial eficaz y suficiente para depurar la posible responsabilidad penal de un hecho tan grave como la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio».
«Cuando las autoridades conocían o deberían haber conocido ese riesgo, procede examinar si hicieron todo lo que razonablemente se podía esperar de ellas para evitar que se materializase», expone la defensa de la familia de Miguel Ángel González, que pone varios ejemplos similares sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «En todos los casos, las autoridades deben haber tomado las medidas a su alcance para obtener pruebas relacionadas con los hechos, incluyendo el testimonio de testigos presenciales y pruebas periciales».
«Los hechos denunciados pretendían que se investigara la posible responsabilidad existente por los mandos superiores jerárquicos del operativo, que ocasionó un trágico desenlace donde dos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida y otros fueron lesionados gravemente», apunta el letrado Miguel Lozano. «Sin olvidar lo más importante, que el sobreseimiento libre y archivo de la causa que hoy combatimos ha sido decretado sin que se haya practicado ninguna de las diligencias de investigación interesadas».
