Comprar o alquilar una vivienda en España se está convirtiendo en una auténtica odisea. La escasez de oferta y el incremento de la demanda han disparado los precios en ambos mercados. Ahora, a esta difícil situación se suma un nuevo requisito que afectará a los propietarios que quieran vender o alquilar su vivienda: la eficiencia energética.
A partir del 1 de enero de 2030, todas las viviendas que se quieran vender o alquilar deberán contar con una calificación energética mínima de E. Además, para 2033, esta exigencia aumentará a la letra D. Así lo establece la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción, responsable de más de un tercio de las emisiones en la Unión Europea.
Este cambio normativo significa que, a partir de 2030, cualquier propietario que quiera poner su vivienda en el mercado deberá asegurarse de que cumple con los estándares mínimos de eficiencia energética. De lo contrario, no podrá vender ni alquilar su propiedad, lo que obligará a muchos a realizar reformas para mejorar el aislamiento, la calefacción, la refrigeración y otros aspectos clave del consumo energético.
El impacto económico para los propietarios
Uno de los principales desafíos de esta nueva normativa es el impacto económico que supondrá para los propietarios. Se estima que un 85 % de los edificios en España necesitarán una rehabilitación energética para cumplir con los requisitos de descarbonización. Estas mejoras pueden implicar la instalación de ventanas con mejor aislamiento, el cambio de sistemas de calefacción y refrigeración, el uso de energías renovables o la mejora en la iluminación eficiente.
Para muchos propietarios, especialmente aquellos con viviendas antiguas, esto supondrá un desembolso importante. Sin embargo, a largo plazo, la mejora de la eficiencia energética puede revalorizar las viviendas y reducir el gasto en suministros, lo que se traduce en un beneficio tanto para los propietarios como para los inquilinos o compradores.
Certificado de Eficiencia Energética
Hasta ahora, era suficiente con contar con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) en vigor, un documento que calificaba el estado de la vivienda en función de su consumo energético y nivel de emisiones de CO₂. Sin embargo, con la nueva normativa, este certificado tendrá que garantizar que la vivienda tiene al menos una calificación E en 2030 y D en 2033.
El CEE clasifica las viviendas con siete letras (de la A a la G) y colores asociados, siendo la A la más eficiente y la G la menos eficiente. Para obtener este certificado, un técnico especializado evalúa factores como el consumo eléctrico, el sistema de calefacción y refrigeración, el aislamiento térmico y otros elementos que influyen en la eficiencia energética del inmueble.
El envejecimiento del parque de viviendas
Uno de los principales retos para cumplir con esta normativa es el envejecimiento del parque de viviendas en España. Según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), la edad media de las viviendas en España es de 43,5 años, y un gran porcentaje de ellas presentan deficiencias en aislamiento y eficiencia energética. En concreto:
- 41,38 % de las viviendas tienen entre 30 y 49 años.
- 29,6 % tienen entre 50 y 69 años.
- 29,9 % superan los 70 años.
Este panorama sugiere que una gran parte del parque inmobiliario necesitará reformas significativas para cumplir con la normativa de eficiencia energética en los próximos años.
Posibles ayudas y subvenciones para la rehabilitación energética
Ante el alto coste de las reformas, el Gobierno y la Unión Europea podrían ofrecer subvenciones y ayudas económicas para fomentar la rehabilitación de viviendas. Existen ya algunos programas de financiación, como los Fondos Next Generation, destinados a mejorar la eficiencia energética en edificios residenciales.
Estas ayudas podrían cubrir una parte del coste de las reformas necesarias para cumplir con la normativa, incentivando así a los propietarios a realizar mejoras en sus viviendas sin que suponga una carga económica excesiva.
