Pedro Sánchez se comprometió a que el aumento de la inversión en defensa no afectaría al gasto social, y con este objetivo el Gobierno estudia pedir a la Unión Europea acogerse a la ‘cláusula de escape’ activada por Ursula Von der Leyen el pasado mes de marzo. Este instrumento, a disposición de los estados miembros que lo soliciten, serviría para que el plan anunciado, de 10.471 millones de euros, no compute en las reglas fiscales europeas, que obligan a mantener el endeudamiento por debajo del 3% del PIB.
Esta fórmula, admiten fuentes del Ejecutivo, «evitaría que se dispare el déficit» de nuestro país, una circunstancia que obligaría a establecer otros ajustes para amortiguar el crecimiento de la deuda. En caso de que el plan de defensa computara en las reglas fiscales, habría dos vías posibles para no rebasar el 3%: por la vía de recortes de gasto o por la de aumento de ingresos, vía impuestos.
Miembros del Gobierno ya plantean abiertamente la posibilidad de solicitar la activación de este mecanismo europeo, vinculándolo directamente al compromiso adquirido con Sumar, por el que Sánchez garantizó a Yolanda Díaz que el gasto social no se vería afectado pese al importante incremento del gasto en defensa. «Lo más importante que tienen que ver es que no sale de necesidades ciudadanas, sino de otras partidas», destacan desde el ala socialista del ejecutivo, en referencia a Sumar, rebajando al mínimo las críticas expresadas por el socio minoritario del gobierno.
El plan de inversiones en defensa está basado en una reorganización de los presupuestos de 2023, prorrogados por segundo año consecutivo. Esta reorganización ha consistido en trasladar los gastos no ejecutados de otros ministerios, a Defensa; un «trabajo muy laborioso», según admiten en Hacienda, que consiste en revisar una a una la ejecución de las distintas partidas, con el objetivo de evitar que se vea mermada la financiación a administraciones locales o a partidas sociales.
Mayoría absoluta en el Congreso
La Comisión Europea se reunió el pasado 20 de marzo para acelerar los planes que permitan reforzar la capacidad defensa de Europa en el mínimo tiempo posible. En este contexto, el órgano presidido por Von der Leyen invitó a los estados miembros a solicitar la activación de la “cláusula nacional de escape”, para permitir que los gastos de defensa de los países de la UE puedan aumentar de forma sustancial y con rapidez sin incumplir las reglas fiscales. Una solicitud que los países deberían cursar antes de finales de abril.
El anuncio de Sánchez de este martes aceleró de golpe para este mismo año 2025 el compromiso adquirido por España de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, un cumplimiento inicialmente previsto para 2030. La sorpresiva aceleración de los planes encaja con los plazos que exige la Unión Europea para solicitar la activación del instrumento europeo, aunque el proceso debe completar unos trámites.
En el caso de España, el artículo 135.4 de la Constitución exige que el Congreso de los diputados apruebe la activación con mayoría absoluta, por tratarse de una situación de emergencia extraordinaria. «Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados«, reza el apartado del polémico artículo 135, reformado en 2011 por PP y PSOE en plena crisis económica.
Antes de su tramitación parlamentaria, hace falta un informe preceptivo de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), para justificar la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican la relajación de las reglas fiscales, según recoge el artículo 22 de la Ley orgánica que regula el organismo.
Sánchez: «Sin incurrir en mayor déficit»
Pedro Sánchez garantizó durante su comparecencia este martes que la inversión en defensa se hará sin subir impuestos, sin incurrir en déficit ni hacer recortes en el Estado de bienestar. «No tocaremos ni un céntimo del gasto social para financiar este aumento de la inversión en seguridad y defensa», se comprometió en un guiño a sus socios. Aunque el gasto saldrá íntegramente del presupuesto nacional, sin esperar a fondos europeos que el Gobierno intenta empujar en Bruselas, se recurrirá principalmente a remanentes de los presupuestos, partidas del plan de recuperación y el ahorro por la reducción en el pago de intereses de la deuda.
“Con estos mecanismos y remanentes, el Gobierno podrá financiar el ejercicio de 2025 sin comprometer el gasto social o medioambiental, sin acometer subidas de impuestos, y sin incurrir en un mayor déficit ni endeudamiento público”, reiteró el jefe del Ejecutivo. Todo ello a la espera de que la Comisión Europea ponga en marcha otros mecanismos de financiación adicionales.
Lo que no hará el Gobierno es buscar el aval del Congreso a este plan, al no haber nuevos presupuestos, ni recurrirse a vías de financiación que supongan ampliaciones de crédito complementarias. Se trata de «decisiones del ámbito ejecutivo», según defendió Sánchez para sortear un eventual bloqueo de sus socios. «Este plan no requiere de aprobación de las Cortes«, zanjó tras ampararse en las competencias ejecutivas otorgadas por la Constitución. Fuentes del Gobierno explican que sí necesitarían el apoyo del Congreso en el caso de tener que aprobar una ampliación de crédito extraordinario, aunque tratan de normalizar el diseño del plan mediante modificaciones presupuestarias, que no requieren del ‘sí’ de la Cámara Baja.
Plazos ampliables
Esta cláusula de escape venía contemplada en la propuesta elaborada por la Comisión Europea (”Accommodating increased defence expenditure within the Stability and Growth Pact”), que deberá ser aprobada por el Consejo Europeo próximamente. A falta de una semana para que concluya el mes de abril, plazo inicial propuesto para solicitar esta cláusula, es previsible que se amplíe el margen a los estados miembros para pedir la activación de este mecanismo fiscal.
De entrada, y según el plan de la Comisión, esta cláusula de escape permanecerá activa durante cuatro años (2025-2028), ya que la Comisión Europea interpreta que “parece apropiado un período de cuatro años para la transición a un nivel estructuralmente más alto de gasto de defensa”. Una vez cumplido este periodo inicial, “y si persisten las circunstancias excepcionales, el Consejo podrá prorrogar hasta un año el plazo durante el cual cada Estado miembro puede desviarse de la senda de gasto neto establecida por él”, es decir, hasta el 2029. O bien, hasta más adelante, pues se admite que “el Consejo podrá conceder más de una prórroga”. En todo caso, se permitirá que contratos firmados durante este periodo, pero con entregas posteriores, aún se beneficien de la flexibilidad de la cláusula de escape (y no computen a efectos de las reglas fiscales).
