Diego Lucas el fiscal que acusa de fraude fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, seguirá como encargado de este procedimiento y de la pieza separada que indaga presunta corrupción en los negocios y administración desleal cometidos por Alberto González Amador. Ello a pesar de que el fiscal general del Estado propondrá al Consejo de Ministros que entre a formar parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Así lo han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes fiscales una vez se ha conocido la propuesta de nombramiento, tras ser oído el Consejo Fiscal. La candidatura de Lucas ha sido apoyada con tres votos de la mayoritaria Asociación de Fiscales y dos de los miembros natos de este órgano consultivo.
Lucas ingresó en la carrera fiscal en 2010 y obtuvo su primer destino en la Fiscalía de Bizkaia, donde se especializó en violencia de género y delitos económicos. En 2026 se incorporó a la sección territorial de Alcobendas (Madrid), donde ejerció como especialista en violencia de género, civil y protección de personas con discapacidad.
En 2018 se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid donde fue primero especialista en cooperación jurídica internacional y, desde 2022 hasta la actualidad, especialista en delitos económicos. En este departamento sustituyó al primer fiscal encargado de la causa por delito fiscal abierta a la pareja de Díaz Ayuso después de que una presunta revelación de secretos por el que hoy está imputado el propio fiscal general salpicara a Julián Salto, a día de hoy ya fuera del procedimiento.
Más de un año y dos fiscales
La causa contra González Amador –recientemente prorrogada por la juez Inmaculada Iglesias– se inició en marzo del pasado, cuando Fiscalía de Madrid presentó denuncia por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil en relación con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL. Se le atribuye un fraude de 350.951 euros en relación con el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 a través de un entramado de facturaciones falsas y sociedades interpuestas, y el hecho de que se hiciera pública la propuesta en la que su abogado reconocía la comisión de los delitos con el objetivo de intentar un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio dio lugar a un procedimiento por revelación de secretos que ha acabado con el propio fiscal general investigado por el Tribunal Supremo.
Posteriormente, y tras la personación en la causa de los grupos del PSOE y Más Madrid en la Comunidad de Madrid, la titular del Juzgado de Instrucción de Madrid número 19 abrió una pieza separada en la que se imputan al empresario nuevos delitos, de corrupción en los negocios y administración desleal, por los que González Amador ha declarado recientemente, negando cualquier ilegalidad en su actividad profesional.
En esta pieza separada, el fiscal Diego Lucas centra sus pesquisas en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L., una empresa pantalla según la Fiscalía que éste compró en diciembre de 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, cuando todavía se llamaba Círculo Belleza. Se trataba de una dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética que fue adquirida por 499.836,92 euros y que, según la inspección Tributaria, no tenía inmuebles o empleados — su activo material se limitaba a un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal– y el empresario cambió su nombre por el de Masterman. Según las sospechas de la Fiscalía, la pareja de Díaz Ayuso habría utilizado Masterman como «sociedad pantalla» para tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda.
