La ley de Concordia de la Comunitat Valenciana parece abocada a dirimir su futuro en el Tribunal Constitucional. Hasta este órgano, que deberá decidir si transgrede o no la normativa estatal en memoria democrática, la llevará con casi toda seguridad el Gobierno de España después de que el Consell haya manifestado su defensa a la ley impulsada por PP y Vox hace un año en las Corts y haya rechazado cambiarla.
«La ley de Concordia es una buena ley, vamos a seguir desarrollándola porque es positiva», ha expresado este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero. La declaración, contundente en favor de la norma que, entre otros asuntos, derogó la ley de Memoria democrática confeccionada por el Botànic la legislatura pasada, llega al terminar el plazo dado por el Estado para que la Generalitat plantee algún cambio que evique su recurso ante el Constitucional.
En este sentido, el Ministerio de Política Territorial dio hasta este martes a la Administración autonómica para responder a su petición de que esta norma fuera modificada al considerar que ataca la legislación estatal en la materia. Esta fue trasladada en la comisión bilateral que mantienen abierta ambos gobiernos, paso previo para dirimir cualquier posible conflicto que pueda acabar en el tribunal de garantías.
Torres y Mazón hablan durante un encuentro en el Cecopi en el mes de noviembre. / Kai Försterling/EFE
En este caso, sin embargo, no parece que vaya a ser posible y más que plantear cambios que acerquen un hipotético pacto entre administraciones, Camarero ha defendido la ley valenciana y ha considerado que el recurso del Gobierno central supone «atacar la autonomía de las comunidades autónomas». En este caso, a la valenciana, la única donde esta norma ha salido adelante tras la convulsa ruptura de gobiernos entre PP y Vox en julio del año pasado.
Un proceso largo
La ley de Concordia, de hecho, no es un proyecto legislativo impulsado desde el propio Consell sino que fue planteado por los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Ejecutivo autonómico. Tanto su aprobación como su entrada en vigor quedó blindada al zarandeo que supuso la ruptura ordenada desde Madrid por Santiago Abascal de todos los gobiernos donde ambas formaciones compartían gestión. De hecho, se llevó a cabo en las Corts apenas unas horas antes del anuncio del líder voxista.
Desde el mismo momento de su presentación, en marzo de 2024, la izquierda ha ido advirtiendo que llevaría esta ley (con la consiguiente derogación de la memoria democrática) a los tribunales. Esto se sustentó en la convocatoria de la comisión bilateral el pasado mes de septiembre, un organismo que se ha visto frenado por la dana, pero que ha alcanzado en abril todos los plazos. La presentación del recurso debería aprobarse en el Consejo de Ministros y la ley seguiría en vigor, hasta que el Constitucional diga lo contrario.
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