Andalucía
Señala en concreto los próximos días 24 y 29 de abril y 13 de mayo.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una nueva providencia en la que marca tres días de abril y mayo, para deliberar si plantea finalmente o no una cuestión prejudicial sobre el caso ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras las sentencias del Tribunal Constitucional y su aplicación.
Así reza en esta nueva providencia emitida por la Audiencia sevillana, que recientemente habilitaba un plazo de diez días, para que las partes del procedimiento judicial informasen al respecto.
En concreto, el tribunal fija los próximos días 24 y 29 de abril y 13 de mayo, para celebrar dicha «deliberación» y tomar una decisión al respecto, según figura en esta nueva providencia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Hace unas semanas el Tribunal Constitucional zanjó sin hacer nada el problema de si era preciso reaccionar ante la decisión de varios órganos judiciales de abrir este procedimiento. Todo ello después de que los informes que manejan coinciden en que no puede parar la consulta de la Audiencia al citado tribunal europeo.
El problema fue planteado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, a principios de abril, primero ante la Sala Primera y después ante el pleno, tras tener conocimiento de sendas providencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Audiencia Provincial de Sevilla abrían el trámite para elevar cuestiones prejudiciales a la Corte de Luxemburgo.
El TSJM cuestiona una sentencia sobre arbitraje dictada por la Sala Primera, al considerar que la doctrina en ella sentada se opone al Tratado de Funcionamiento de la UE.
Pero la preocupación de Conde-Pumpido se centraba en la Audiencia Provincial de Sevilla. Primero porque el TSJM ya había presentado en Luxemburgo la cuestión prejudicial para cuando el presidente del TC tomó cartas en el asunto.
Pero, sobre todo, porque lo que pretende poner en solfa la Audiencia de Sevilla son los controvertidos fallos del Constitucional sobre el caso de los ERE, en los que desactivó la responsabilidad de los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía en el mayor fraude en ayudas sociolaborales registrado en España.
Finalmente, el TC ha decidido no tomar ninguna de las medidas insinuadas por Conde-Pumpido, que hubieran podido suponer incluso la declaración de nulidad de las resoluciones del TSJM y la Audiencia de Sevilla sobre las cuestiones prejudiciales.
Esas drásticas medidas no tenían ningún apoyo, no ya entre los magistrados conservadores sino tampoco entre los progresistas, entre otros motivos por el conflicto con el Poder Judicial español y con el propio TJUE que podrían desencadenar.
El propio Conde-Pumpido verbalizó en un reciente desayuno informativo que el TC no impediría ninguna pregunta al TJUE, si bien defendió que «tiene la obligación de reflexionar» sobre un «asunto novedoso».
Todo ello, según explicó, porque las cuestiones prejudiciales se habían planteado siempre antes de que hubiera sentencia y en este caso no solo la hay, sino que se trata de una del Constitucional, que agota el ‘iter’ nacional.
