La dirección de Sargadelos dispone de prórroga hasta después del verano para mejorar la seguridad en su fábrica de Cervo, aunque el plazo será «flexible» para las obras que afecten al edificio catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC). Así se hizo saber durante la reunión de este martes entre la Inspección de Trabajo y los representantes de los sindicatos CC.OO., UGT y CIG.
La reunión, solicitada por las organizaciones sindicales tras la crisis que vivió la plantilla de Sargadelos debido al conflicto entre el propietario de la empresa, Segismundo García, y la Inspección de Trabajo, se celebró en Lugo. En ella, los sindicatos alertaron de que seguirán «vixilantes» ante la situación, especialmente después de que el propietario haya mantenido un pulso con la Inspección durante toda una semana.
36 reformas pendientes
El mismo inspector que visitó las instalaciones de Cervo en el día del cierre de la planta fue quien recibió a los responsables sindicales en la reunión, donde se confirmó que el expediente de seguridad está en vigor, pero que se flexibilizarán los plazos cuando las obras afecten a zonas del BIC. El portavoz de CC.OO., José Antonio Zan, comentó que el inspector les informó de que seguirán de cerca el expediente, en el que se incluyen 36 reformas para mejorar la seguridad en el puesto de trabajo.
Las instalaciones de Sargadelos en Cervo necesitan más de una treintena de reformas para mejorar la seguridad / EFE
En cuanto a las obras que afecten al BIC, Zan aseguró que «non depende do empresario» y que «terá flexibilidade para adaptar estas zonas», además de dar tiempo a la Xunta y a la empresa para realizar las adecuaciones necesarias.
Silicosis
El expediente de seguridad fue abierto tras detectar que dos trabajadoras desarrollaron silicosis en la fábrica, motivado por la presencia de sílice, un elemento cancerígeno. Zan destacó la importancia de poner en marcha condiciones de seguridad como la doble taquilla, el lavado de ropa, el uso de EPIs y sistemas de extracción. Precisamente, la instalación de un sistema de extracción podría implicar modificaciones en la fachada del edificio, lo que afecta a su declaración como BIC.
Sin embargo, tanto Zan como Xorxe Caldeiro, responsable de la CIG, indicaron que el inspector reconoció que desconocía el estudio de mejoras acordado entre la Xunta y el empresario, un acuerdo que puso fin a la situación de tensión entre la dirección y los trabajadores, a quienes se impidió acceder a la planta durante varios días. Caldeiro calificó el acuerdo como «fantasmagórico», pero se mostró «confiado» en que se cumplan los plazos establecidos para las reformas, que varían en función del tipo de obra y los plazos legales, situándose entre 3 y 6 meses. El plazo para las obras que afecten al BIC comenzará a contar cuándo se obtenga la autorización del departamento de Patrimonio de la Xunta.
