El nombramiento de Julio Cano como fiscal superior de Baleares no volverá a ser estudiado por el Tribunal Supremo, que en una reciente resolución ratifica esta decisión acordada por el fiscal general del Estado y más tarde confirmada por el Consejo de Ministros.
El nombramiento de Cano, que ganó la votación frente a sus dos compañeros que también optaban al cargo, fue inicialmente anulado por el Supremo, que detectó un error en el procedimiento. El tribunal entendió que el Consejo Fiscal, el órgano interno de la fiscalía que debe valorar los méritos de la persona que opta a este cargo, no había tenido la posibilidad de analizar una posible incompatibilidad. El problema se centraba en que la pareja de Julio Cano también es fiscal y ello iba en contra de la norma interna, que establece que el fiscal superior no puede tener bajo sus órdenes a su pareja sentimental. Sin embargo, este problema de una posible causa de incompatibilidad ya quedó resuelto mucho antes de que se realizara el nombramiento oficial por parte del fiscal general. La pareja del candidato pidió una comisión de servicios, que fue aceptada por el Ministerio de Justicia, trasladándose a trabajar a otra capital. De esta forma, la pareja dejaba de estar bajo las órdenes del fiscal superior.
Fue el otro candidato al cargo, el fiscal de menores José Díaz Cappa, quien recurrió el nombramiento de Julio Cano ante los tribunales. Dos fueron los motivos sobre los que se sostenía esta demanda. En el primero denunciaba irregularidades en la concesión de la comisión de servicios a la pareja de Cano. El segundo era que esta situación especial que afectaba al candidato elegido no había sido analizada previamente por el Consejo Fiscal. Esta segunda situación sí fue aceptada por el Tribunal Supremo que, al tiempo que anulaba el nombramiento, ordenaba la retroactividad del proceso, es decir, que se iniciara de nuevo y en esta ocasión esta situación de la posible incompatibilidad de Julio Cano fuera analizada en el Consejo Fiscal.
Muy poco tiempo se tardó en resolver este problema. Así, el pasado mes de diciembre se volvió a nombrar a Julio Cano, porque a parte de sus méritos profesionales, el Consejo Fiscal entendió que no existía ninguna causa de incompatibilidad, ni tampoco cuestionó el proceso por el que se había otorgado la comisión de servicios a su pareja. Entre todos los candidatos a ocupar este cargo de máxima responsabilidad en Baleares, Julio Cano contó con el apoyo del fiscal general del Estado, que es precisamente la persona a la que le corresponde proponer al candidato que considera más adecuado y de mayor confianza.
Este nombramiento volvió a ser recurrido por segunda vez por otro de los candidatos, que volvió a denunciar que en el procedimiento se habían vuelto a cometer irregularidades, que obligaban a anular la decisión del fiscal general.
Sin embargo, en esta ocasión el Tribunal Supremo, no solo rechaza esta segunda demanda, sino que no aprecia ni la más mínima irregularidad en el proceso para nombrar a Julio Cano como máximo responsables de la fiscalía de Baleares.
En este reciente auto, el magistrado detalla que se dieron todos los pasos que se requirieron en la sentencia por la que se anulaba su nombramiento. Se ha comprobado que el Consejo Fiscal tuvo conocimiento de los «posibles motivos de incompatibilidad apuntados en la sentencia», pero que este problema ya había quedado resuelto al aceptarse la comisión de servicios a favor de la pareja de Julio Cano.
Rapidez para resolver
La reunión del Consejo Fiscal se celebró el pasado 11 de diciembre. El voto fue unánime entre todos los integrantes de esta comisión, un hecho que destaca la sentencia, y se rechazó que la causa de incompatibilidad existiera. El Supremo advirtió, además, que esta situación debía resolverse con rapidez, puesto que afectaba al derecho fundamental a la promoción en la carrera fiscal, en condiciones de igualdad entre todos los candidatos.
Por lo tanto, con esta última decisión del Supremo se rechaza la posibilidad de apartar a Julio Cano y negarle la posibilidad de presentarse a este cargo, tal como solicitaba el otro candidato a ser nombrado fiscal superior de Baleares.
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