El inicio de las declaraciones ante el juzgado de instrucción número tres de Catarroja, como testigos o como investigados, de los primeros cargos políticos con responsabilidades en la gestión de la dana que el pasado 29 de octubre dejó 228 fallecidos ha revolucionado, más si cabe, la política valenciana. Desde que los dos máximos responsables de la emergencia, la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, comparecieran ante la jueza como investigados el pasado 11 de abril, la guerra de relatos entre Consell y Gobierno se ha enconado y ha abierto una batalla de interpretaciones entre administraciones.
Una pugna que se agitó más si cabe el lunes con la testificación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, así como con los documentos que las partes han ido aportando a la causa, entre ellos el listado de llamadas de Pradas durante ese aciago día. También los que ya no existen, como las imágenes de las cámaras del Palau, que podrían aclarar el paradero de Carlos Mazón esa tarde pero que la Generalitat borró en noviembre. Y todavía falta por declarar Vicent Mompó, un testigo que se antoja clave.
Entre tanto, el president ha seguido muy de cerca lo que iba sucediendo en la Ciudad de la Justicia, convertida en epicentro de los informativos nacionales. El jefe del Consell y toda la Generalitat han atravesado por un tobogán de emociones y han ido amoldando su discurso a esa última hora judicial, pasando del silencio institucional que siguió a las declaraciones de Pradas y Argüeso al triunfalismo tras la comparecencia de Bernabé, rompiendo de paso la máxima instaurada por el propio Mazón de no valorar nada relativo al proceso judicial en marcha.
Giro de guion
El jefe del Consell se remitió a esa premisa para evitar opinar sobre Pradas, que admitió ante la jueza su inexperiencia en el cargo para el que él le nombró, pero no pudo cumplirla cuando trascendió la declaración de Bernabé admitiendo que no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi hasta las 19.00 horas. «Lo llevan negando seis meses», sentenció en redes sociales.
Toda la Generalitat salió en tromba esos días a dar por probada su versión de que no había información y a acusar a Bernabé de «mentir». El Gobierno y los socialistas, por su parte, niegan la mayor y agitan la alerta hidrológica dela propia administración autonómica en el Poyo a las 12.20 horas para defender que sí hubo avisos.
El registro de llamadas de Pradas, que muestra que Mazón no le respondió en varios momentos decisivos, la confirmación del borrado de las cámaras del Palau y el nuevo auto de la jueza en el que insiste en la responsabilidad autonómica, vuelve a dejar en una situación complicada al president, replegado de nuevo en el perfil bajo que le impuso Génova hace varias semanas.
Todos los ojos sobre Mompó
Las declaraciones de Salomé Pradas, Emilio Argüeso y Pilar Bernabé, los dos primeros como imputados y la tercera en calidad de testigo, han marcado la actualidad política de los últimos días y han hecho más importante si cabe la de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP.
Esta tuvo que ser aplazada el pasado martes tras alargarse la de la delegada del Gobierno y será el próximo 29 de abril, justo cuando se cumplen seis meses de la riada. El popular, que acude también como testigo y por tanto con la obligación de decir la verdad, tendrá todos los ojos sobre sí dado el papel central que ocupó el 29 de octubre. Entre otras cuestiones, deberá aclarar si él y Pradas hablaron conMazón sobre el envío del Es Alert, algo que desliza el Gobierno pero que niega el Consell.
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