El Gobierno lleva meses tratando de alejar el fantasma de la parálisis parlamentaria. A la mínima oportunidad, ministros y portavoces del PSOE se lanzan a defender que los engranajes del Congreso no dejan de funcionar y que semana a semana van sacando adelante su agenda legislativa. Sin embargo, la compleja aritmética de la Cámara Baja, donde el Ejecutivo debe aunar en cada votación a todos sus socios para triunfar, obliga al Gobierno a bajar el ritmo parlamentario. El balance del primer trimestre de 2025 es buena prueba de ello: cuatro reales decretos convalidados y una ley aprobada, frente a tres derrotas.
A finales de 2024, a punto de que Pedro Sánchez firmara su año menos productivo en el Congreso, con 25 normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la maquinaria socialista se puso en marcha para ensalzar la labor legislativa. Ya en 2025, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no ha dejado de reivindicar que los trabajos en la Cámara Baja no paran, que las negociaciones con los socios son constantes y muchas de las leyes están en trámite de ponencia. Es decir, el paso previo a su aprobación por el Congreso.
No obstante, el Gobierno de PSOE y Sumar está muy lejos de las 74 leyes de 2022 o las 65 de 2021. Las mayorías en la Cámara Baja son distintas, obviamente, y en esta legislatura el Ejecutivo no puede perder a ninguno de sus aliados si quiere sacar adelante una votación. Esto confiere poder a todos y cada uno de los socios y Junts es quien más lo está aprovechando, presionando a los socialistas cada vez que estos necesitan sus apoyos.
Esta dinámica molesta en otras formaciones. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha criticado al Gobierno en varias ocasiones por estar siempre pendiente de las exigencias de los de Carles Puigdemont mientras que al resto de los partidos les ofrece «lentejas«. También hay reproches por parte del PNV, aunque más generales, por la incapacidad de algunos partidos para llegar a acuerdos. El ahora líder del partido, Aitor Esteban, no deja de repetir que es necesaria buscar «la cuadratura del círculo«.
Un comienzo complejo
Sánchez arrancó el año con una dura derrota parlamentaria. En el primer pleno de este periodo de sesiones, el Gobierno perdió dos reales decretos -el decreto ‘ómnibus’ con ayudas al transporte y la revalorización de las pensiones y el decreto con el impuesto a las energéticas– después de que Junts anunciara su rechazo absoluto ante el «trilerismo» del Ejecutivo. Aquel día, los socialistas solo lograron salvar la reforma de las pensiones, y fue gracias al PP.
Dos semanas después, Junts votó a favor del decreto ‘ómnibus’, algo más rebajado, a cambio de que se tramitara su iniciativa para instar a Sánchez a que se sometiera a una cuestión de confianza. Algo que, después, quedó en nada. Sin embargo, la siempre tensa relación entre ambas partes llevó a los posconvergentes a tumbar la ley del Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública a modo de represalia por unas enmiendas que los socialistas suprimieron de la Ley de Desperdicio Alimentario, la única norma que han aprobado.
Aun así, el Ejecutivo encara el parón de Semana Santa -no habrá plenos hasta mayo- con un sabor a victoria después de que en el último pleno lograra la convalidación del real decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados y otro con ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Además, obtuvo el apoyo de todos sus socios para enviar dos leyes más al Senado: una para reformar la ley de asociaciones y prohibir aquellas que hagan apología del franquismo y otra con el concierto económico del País Vasco.
Los próximos meses
A corto plazo, estas dos últimas iniciativas y otro proyecto para impedir que las empresas puedan despedir de manera automática a los trabajadores que sean reconocidos con una incapacidad permanente, son las únicas leyes que están tramitándose en el Senado y que podrán aprobarse antes del verano. Mientras, en el Congreso hay una decena de textos que están en fase de ponencia, aunque fuentes socialistas explican que no se activarán los trámites hasta que no tengan acuerdos cerrados con todos los socios que les permitan ganar una votación.
En este punto está la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’, que en verano cumplirá 10 años desde su aplicación o una iniciativa legislativa popular para legalizar a medio millón de migrantes. Además, ante la falta de apoyos, el PSOE se ha visto obligado a frenar la llamada ‘ley Begoña’ que busca la «protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» o la delegación de las competencias de migración a Catalunya que pactó con Junts.
