El caso Cerredo ha puesto de manifiesto una evidencia sonrojante: la ausencia de controles por parte de la administración regional en asuntos sensibles que requieren vigilancia política y administrativa. Salvando las distancias irreparables por la pérdida de vidas humanas, un déficit de control obligó hace unos meses a paralizar las obras de ampliación del hospital de Cabueñes, centro de referencia sanitaria para casi la tercera parte de la población asturiana, la que reúnen los concejos de Gijón, Carreño y Villaviciosa. Las obras se iniciaron en agosto de 2022, casi una década después de que el Gobierno regional anunciara a bombo y platillo la mejora del centro hospitalario, y fueron paralizadas en enero de este año, por el incumplimiento de plazos por parte de las empresas adjudicatarias.
La consejería incoó expediente administrativo en febrero de 2024, que se solventó meses después, en diciembre con la imposición de una penalidad. Un mes después se decidió resolver el contrato, pero pasaron muchos meses de inacción e indolencia. No solo nadie dimitió en Sanidad pese a no haberse extremado la vigilancia de las obras, sino que además la consejera del ramo decidió resolver el desaguisado por peteneras: anunciando una mejora del proyecto de ampliación del hospital, lo cual supondrá nuevas y dolorosas demoras, teniendo en cuenta la “diligencia” con que se resuelven los trámites administrativos en la comunidad autónoma. Para escarnio de gijoneses y pacientes de los concejos limítrofes. Pacientes en la doble acepción.
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