La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha respondido a la oleada de agresiones a los funcionarios de las cárceles con una licitación para comprar 100 escudos y 97 cascos antidisturbios, entre otros elementos defensivos, que se repartirán en todas las prisiones españolas.
Según el documento publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, Interior adjudicará un contrato por valor de 171.549,78 euros para la adquisición de material de seguridad destinado a los centros penitenciarios.
La licitación justifica la inversión por la necesidad de «garantizar la seguridad dentro de los centros penitenciarios». Según Interior, «se encuentran entre las prioridades de equipamiento que han sido solicitadas por los centros penitenciarios».
Con esta adquisición de material, Prisiones busca «dotar a los funcionarios de instituciones penitenciarias de medios de autoprotección adecuados».
El contrato contempla la adquisición, concretamente, de 224 chalecos antiagresiones, 97 cascos antidisturbios, 101 defensas semirrígidas de polímero, 47 escudos protectores transparentes, 60 escudos inversos para inmovilización, 120 grilletes rígidos tipo speedcuff, 176 linternas tácticas LED de alta potencia, así como 4 aparatos para detectar sensores en los bajos de los vehículos.
Este material viene siendo reclamado por los funcionarios ante el aumento de las agresiones. Pero, con las cifras en la mano, creen que se trata de una adquisición «muy pobre».
Récord de agresiones
Y es que, por tercer año consecutivo, las cárceles españolas han registrado cifras récord de agresiones a los trabajadores. Los funcionarios fueron víctimas en 2024 de 504 ataques por parte de reclusos. La partida para comprar escudos y cascos llega justo en pleno debate por la seguridad en las prisiones.
Se trata del segundo peor dato de la historia según los registros, después de que en 2023 se alcanzase la cifra de 508 episodios de agresiones de diversa gravedad. Es el tercer año consecutivo en el que esta tendencia se mantiene, ya que 2022 superó con creces todos los registros de la década anterior (453 agresiones).
Los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias adelantados por EL ESPAÑOL sobre 2024 indicaban que un funcionario de prisiones sufre una agresión cada 17 horas y 24 minutos en España.
Según la información proporcionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hubo el año pasado 7 casos de agresiones con lesiones graves. También 255 casos de funcionarios agredidos y con lesiones leves, otros 5 casos con lesiones moderadas y 237 casos de agresiones en las que no ha habido que lamentar daños físicos para los trabajadores de las cárceles.
Estas cifras se produjeron, además, el mismo año en que la cocinera de la prisión catalana de Mas d’Enric (Tarragona) fue asesinada por uno de los presos. Un hecho que provocó graves disturbios y manifestaciones por parte de los trabajadores de las prisiones catalanas, cuyas estadísticas no aparecen reflejadas en este recuento, ya que la Generalitat gestiona sus cárceles de manera independiente.
La publicación ahora de esta licitación coincide con el malestar creciente entre los funcionarios de prisiones por el aumento de la violencia dentro de los centros. A esto se suma la presión sindical.
Organizaciones como Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), CSIF y ACAIP vienen reclamando desde hace años la mejora del equipamiento de seguridad y, especialmente, el reconocimiento del colectivo como agentes de la autoridad, lo que permitiría endurecer las penas para los agresores.
Esto es algo a lo que el Gobierno se ha negado una y otra vez, pese a las reiteradas peticiones de la oposición.
El documento de licitación subraya que la inversión responde a la responsabilidad del Ministerio del Interior de «garantizar un entorno de respeto y convivencia» en las cárceles, así como «garantizar la seguridad», tal y como establece el Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, que regula la estructura del departamento.
