El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos de corrupción, vuelve este miércoles a Moncloa –la segunda ocasión tras la citación de Pedro Sánchez como testigo del pasado 30 de julio– con el mismo objetivo que el pasado verano. Tratar de aclarar si existen indicios de la implicación del Gobierno en presuntas actividades ilícitas que atribuye indiciariamente a Begoña Gómez, esta vez en relación con la contratación de su asistente personal, Cristina Álvarez.
El interrogado igualmente como testigo es en esta ocasión el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien se tomará declaración en una pieza separada por un posible delito de malversación que se apunta en relación con la contratación de Álvarez, un puesto de libre designación con respecto al cual titular del Juzgado de Instrucción número 41 quiere indagar su origen y quién ordenó que fuera ocupado por esta persona en concreto.
La presunta malversación apuntada en su auto por el juez Peinado no se atribuye a nadie en concreto, pero que solo podría ser cometida por quien tiene la responsabilidad sobre el dinero público supuestamente desviado, es decir, el miembro del Ejecutivo al que correspondiera dicha responsabilidad. Además, al enmarcarse este asunto en una pieza separada y ver indicios de delito por parte de algún aforado, el instructor podría remitir esta pieza al Supremo sin perder el control sobre el resto de la causa referida a Begoña Gómez.
¿De testigo a imputado?
La expectación será máxima este Miércoles Santo en relación con esta diligencia judicial, puesto que a nadie se le escapa que son ya cuatro los testigos interrogados sobre las actividades de Gómez que vieron modificado este estatus por el de investigado. Además de la propia Álvarez, han pasado por esta situación el empresario Juan Carlos Barrabés –cuyo domicilio y oficinas fueron objeto de un registro posteriormente anulado por la Audiencia Provincial– el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache y al presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.
En el caso de Bolaños la posibilidad de este cambio requeriría, no obstante, la elevación de una exposición razonada al Tribunal Supremo, que además tendría que aceptarla, por lo que el proceso para su implicación en la causa no sería automático. Si este paso se produjera, debería además pedirse permiso a las Cortes (suplicatorio) para poder investigarle.
Por lo que se refiere a la declaración de este miércoles, se acordó como consecuencia de las declaraciones realizadas el pasado 26 de febrero por la propia Álvarez y el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez, que fue quien gestionó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la esposa de Sánchez. Reconoció ante el juez que no conocía a Álvarez y tampoco recordaba quien le dio sus datos. Relató que al llegar a Moncloa con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, unas personas que en su mayoría no recuerda. El juez manifestó entonces desconocía que para designarlos no se requiere currículum, y ello causó asombro entre los asistentes, ya que parecía que Peinado desconocía los pormenores de las designaciones de cargos de confianza.
Así, el siguiente escalafón para preguntar por el nombramiento de Cristina Álvarez supuso escalar hasta el actual ministro, que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se la contrató. Consta en el sumario la propuesta de nombramiento de esta última, las funciones encomendadas y lugar y condiciones de la prestación de servicios, remuneración recibida y aplicación presupuestaria». Según Moncloa, Cristina Álvarez desempeña «tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa de presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza«.
Como a la vista de esas diligencias, según el juez, «pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales y fondos públicos», acordó que resultaba procedente acordar la práctica de diligencias de prueba adicionales, entre las que especificó la declaración de Bolaños. Además, acordó ir a tomarle declaración a su despacho y que no pudiera contestar por escrito, una prerrogativa que se reserva a los ministros, pero siempre que sea por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, lo que no es el caso
Llegada en coche oficial
Incluso el modo en el que Peinado llegará este miércoles al complejo de Moncloa ha sido fuente de noticias. A finales del pasado mes de marzo, el juez Peinado se ofrecía a acudir al complejo de Moncloa o a cualquier otro despacho del los que ocupa Bolaños y le exigía poner las condiciones para que no se repitiera la situación vivida el pasado verano cuando acudió a Moncloa a interrogar a presidente del Gobierno, ya que se le hizo esperar en el acceso y a su juicio los periodistas y otras personas que esperaban en la puerta le colocaron en una situación de «riesgo» para su integridad física.
La respuesta del ministro de Justicia llegó la semana pasada, anunciando al juez la puesta a su disposición de un coche oficial con chófer. Peinado responde que debe ser recogido por el coche oficial a las 09:45 de este miércoles en la sede de los juzgados, y pide a Justicia el nombre del conductor que va a realizar el traslado y añade que deberá contar también con «un servicio de escolta para el traslado».
Amplio dispositivo técnico
En Moncloa esperará a Peinado un amplio dispositivo técnico para que el interrogatorio pueda ser convenientemente grabado. La comisión judicial contará con un equipo de grabación «compuesto por (…) dos portátiles y uno adicional de contingencia, seis micrófonos y uno adicional de contingencia, un altavoz monitor (…) y un adicional de contingencia, una cámara de video y una adicional de contingencia». Igualmente, dispondrá de «un procesador de señal digital de audio (DSP) y uno adicional de contingencia, cableado necesario, un grabador de DVD y uno adicional de contingencia, discos DVD y un router 5G y uno adicional de contingencia de diferentes operadores (si fuera necesaria conectividad)». Además, el juez ha precisado, en función de los medios puestos a disposición por la Comunidad de Madrid, que la comisión judicial estará acompañada por «dos técnicos y un tercero de contingencia como soporte técnico en la grabación».
