La Junta de Andalucía ha anunciado este lunes que mantendrá la bonificación al transporte público al 20%, pero la novedad reside en que los jóvenes menores de 14 años no pagarán por él. Una medida que ya quiso acometer el Gobierno de la Comunidad de Madrid pero que, sin embargo, es una decisión estatal. Ante tales intenciones, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha reprendido al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla.
En clave de reacción a esta noticia llegada del Gobierno andaluz, Óscar Puente ha asegurado que la consejera de Fomento “sigue la estela de Ayuso anunciando una bonificación que paga el Gobierno de España”.
Ante tal escenario, y acometiendo los mismos pasos que ya anunció con la presidenta madrileña hace semanas atrás, el ministro ha avanzado que “procederá a requerirlas y de persistir en el incumplimiento de la Ley”, aplicando “las consiguientes consecuencias para la Junta de Andalucía”.
Y aquí, la consejera de Andalucía siguiendo la estela de Ayuso y anunciando una bonificación que paga el gobierno de España. Procederemos a requerirla y de persistir en el incumplimiento de la Ley, la aplicaremos con las consiguientes consecuencias para la Junta de Andalucía. https://t.co/W8rOmU9ixW
— Oscar Puente (@oscar_puente_) April 14, 2025
Fue a finales del pasado mes de marzo cuando Ayuso se pronunció en los mismos términos, anunciando que la Comunidad de Madrid beneficiaría a casi 600.000 menores de edad con esta medida al transporte, la cual viene financiada por el Estado. Entonces, Puente se plantó ante el Ejecutivo de la Puerta del Sol: “Esta decisión tendrá consecuencias legales”, advirtió.
Esta decisión tendrá consecuencias legales. https://t.co/ylMAlTt2Hy
— Oscar Puente (@oscar_puente_) March 26, 2025
Las medidas del Gobierno en materia de transportes
El anuncio en cuestión que esgrimió la Comunidad de Madrid se refirió a que el abono transporte comenzará a ser gratuito para menores de 14 años a partir del próximo 1 de julio, una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció previamente y que, por ende, está sustentada con financiación estatal.
Por esta razón, todos los gobiernos autonómicos están obligados por ley a informar de dónde proviene la financiación para esta causa, al igual que los proyectos que vienen a cuenta de la Unión Europea. Una cuestión que, en el caso de la Comunidad de Madrid, y como ahora se pretende desde la Junta de Andalucía, queda omitida.
El Ejecutivo central, en sus medidas de promoción del transporte público, ya activó 878 millones de euros para rebajar el precio del transporte durante todo 2025, entre los que se incluyen 355 millones para subvencionar la gratuidad para menores de 15 años en toda España, así como los descuentos del 50% para jóvenes y del 40% para el resto de la población, todo ello a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de este año.
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