Una multitud intentó una vez más este miércoles rodear el Congreso argentino para acompañar el reclamo semanal de los pensionados de una mejora de las asignaciones que reciben del Estado. El carácter masivo de la marcha realizada en medio de estrictas medidas de seguridad tuvo el acompañamiento no solo de la izquierda y los movimientos sociales. La Confederación General del Trabajo (CGT) también se movilizó como parte de un plan de lucha que a partir del primer minuto del jueves se traduce en una huelga general de 24 horas, la segunda que realiza contra el Gobierno de ultraderecha desde que tomó las riendas de este país, en diciembre de 2023. Esta vez, la policía no respondió con dureza como en hechos similares precedentes. Se registraron a su vez movilizaciones en otras ciudades argentinas.
El presidente Javier Milei enfrenta un nuevo capítulo del conflicto social en medio de sus peores días políticos: el Senado rechazó los jueces que había propuesto para el Tribunal Supremo y la oposición logró formar en la cámara de Diputados una comisión investigadora del «criptogate» que tiene al mandatario y su hermana Karina en el centro del escándalo. Milei ha presentado como un respiro el anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitiría recibir 20.000 millones de dólares. Pero ese entendimiento debe ser aprobado por el Directorio del organismo el próximo viernes. Estados Unidos es el principal aval del Gobierno argentino. Los mercados dan por sentado que, como moneda de cambio para recibir tan oneroso préstamo, el Gobierno deberá devaluar el peso, una recomendación que durante meses rechazó de plano. Al menos eso es lo que intuyen los mercados. Milei se ha resistido a depreciar la moneda local incluso en medio de las turbulencias globales como parte de la guerra arancelaria de Donald Trump. La contención del precio del dólar es esencial para sostener el programa antiinflacionario de cara a las elecciones parlamentarias de octubre. El «ajuste más grande de la historia» enfrenta sin embargo serias dificultades. El costo de la vida ha aumentado en marzo un 3,2% y da cuenta de los problemas que tienen las autoridades económicas para contener el alza de los productos esenciales. Para comprar papas, pan y carne se necesita en abril más dinero que en el mes precedente.
Con este telón de fondo ha tenido lugar la nueva movilización como preludio de la huelga general. La diputada de izquierdas Myriam Bregman remarcó el cambio de las condiciones políticas de las últimas semanas a partir de la intensificación de los reclamos de los pensionados que obligaron a la central obrera a salir a la calle.
Reacción del Gobierno
El portavoz de Milei, Manuel Adorni, advirtió que se le descontará el día a los trabajadores estatales que se sumen mañana a una protesta que promete tener fuerte alcance. No habrá trenes ni funcionará el servicio de metro, aunque sí los buses urbanos. Los trabajadores portuarios y de los aeropuertos se han sumado a la huelga. No funcionarán tampoco el transporte marítimo ni aéreo. Los docentes también han adherido al llamado de la CGT. En los hospitales públicos habrá apenas guardias mínimas. Los bancos cerrarán sus puertas.
«No se pueden tener precios libres y salarios pisados», dijo uno de los jefes de la central obrera, Héctor Daer, y reivindicó la protesta como «una forma en la que se expresa el pueblo ante el ajuste». Para Daer, es «crucial» que «el Gobierno reflexione sobre temas que son muy sensibles para la sociedad, que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores y los pensionados, que no pueden continuar como el eje central del ajuste». El movimiento obrero no tiene una sola opinión sobre qué hacer frente a la intransigencia de Milei: un sector quiere radicalizarse, mientras que otros sindicatos prefieren negociar.
El Gobierno acusó al sindicalismo más duro de oportunista. Según el jefe de ministros, Guillermo Francos, la CGT reacciona ante la pérdida de privilegios ante una eventual reforma de la legislación laboral. «Ellos son fundamentalistas del atraso«. Adorni insistió en la idea de un plan desestabilizador de la gestión del anarco capitalista. «Evidentemente no quieren que nosotros gobernemos».
