España está a las puertas del apagón definitivo de todas sus centrales de carbón. El sistema eléctrico se ha ido despidiendo progresivamente de las centrales térmicas hijas de otra época y que ya no tienen cabida en el camino hacia la descarbonización. Hace menos de una década España contaba aún con quince plantas que quemaban carbón para producir electricidad. Hoy quedan sólo cuatro, en Asturias, Cádiz y Mallorca. Y su futuro casi inminente pasa también por un cierre inevitable.
Gobierno, las compañías eléctricas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y los sindicatos CCOO y UGT pactaron hace un lustro una estrategia para mantener el empleo en las zonas afectadas por las clausuras y por asegurar nuevas oportunidades para dinamizar la economía local. Las eléctricas han liderado los procesos para búsqueda de alternativas económicas para las afectadas y acumulan una gran cartera de proyectos energéticos e industriales para sustituir la actividad generada durante décadas por las centrales de carbón en Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Galicia o Asturias.
Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP acumulan proyectos en cartera impulsados por las propias compañías eléctricas (singularmente para la implantación de plantas de renovables) y otros grupos industriales que de momento prevén movilizar casi 6.200 millones de euros, según el último informe de seguimiento del Acuerdo de Transición Justa para las centrales térmicas en cierre. En los territorios se han presentado numerosos compromisos de inversión destinados a garantizar salidas adecuadas para los trabajadores y generar nuevas oportunidades económicas.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la directora general de Trabajo, María Nieves González, se han reunido este miércoles en la comisión de seguimiento del acuerdo con representantes de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP y también con CCOO y UGT FICA para hacer balance de los avances del último quinquenio. Los proyectos en cartera de las empresas propietarias de las centrales, propios o movilizados por ellas, suman inversiones por más de 6.185 millones, de los cuales el 83% corresponden a proyectos energéticos y el 17% a otras iniciativas industriales.
Crear más empleo del que se pierde
El conjunto de proyectos prevén crear conjuntamente un nivel de empleo de larga duración de 2.276 puestos en un marco temporal hasta 2029 para su concreción. Un volumen de nuevos empleos muy por encima de la pérdida de 1.557 puestos provocada por los cierres de las propias centrales térmicas. Y en la fase de construcción de los proyectos se estima la creación de 11.486 empleos.
Según el informe elaborado por el Instituto de Transición Justa, en la práctica totalidad de los emplazamientos donde se localizaban las centrales térmicas se están desarrollando propuestas de proyectos tractores para revitalizar las economías locales. El grado de madurez de los proyectos, según admite el Gobierno, es desigual y ante la posibilidad de que algunos finalmente no fructifiquen los Ministerios para la Transición Ecológica y de Trabajo destacan la necesidad de hacer esfuerzos adicionales para encontrar nuevas iniciativas alternativas.
“Es importante que las empresas firmantes busquen alternativas para los proyectos que no acaben de materializarse en las zonas con el fin de asegurar un balance de creación de empleo netamente positivo”, ha subrayado el secretario de Estado de Energía. Además, en los territorios de aquellas centrales que están todavía operativas, los proyectos alternativos están en fase aún más incipiente.
De las 15 centrales térmicas de carbón cubiertas por el acuerdo entre Administración, eléctricas y sindicatos, cuatro plantas están ya totalmente desmanteladas (Andorra, Anllares, Meirama y Velilla), en seis de ellas los trabajos tienen un grado en avance muy significativo (en La Robla casi han concluido y en las otras cinco están del 60% al 90% completados), y en la central coruñesa de As Pontes las labores acaban de empezar. De las cuatro centrales de carbón que siguen activas en el mercado español, tres han solicitado ya el cierre (Los Barrios, Aboño y Soto de Ribera) y la planta mallorquina de Alcudia sigue operando, de forma limitada, para prestar respaldo al suministro eléctrico balear.
Ayudas públicas millonarias
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado ahora por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha impulsado en los últimos años diferentes líneas de ayudas millonarias para el apoyo a proyectos empresariales generadores de empleo, para la transición energética de los territorios impulsando alternativas verdes, y también para la mejora de las infraestructuras municipales y locales en los territorios afectados por los cierres de plantas.
El año pasado el Gobierno abrió una convocatoria dotada con 50 millones para proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión en zonas de transición justa, con los que se espera movilizar inversiones de más de 200 millones y generar más de 900 empleos. En total, en los últimos cinco años ya se han apoyado alrededor de 300 proyectos empresariales, gracias a unas ayudas de 70 millones, que prevén movilizar unos 400 millones. También se han apoyado 217 proyectos de infraestructuras municipales con ayudas de 214 millones. Y adicionalmente, se han concedido 633 millones de las ayudas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), destinadas a inversiones para la transición energética en zonas de transición justa.
