El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha recibido un varapalo judicial por su ordenanza sobre las terrazas de Madrid. El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido este miércoles el recurso que el Consistorio presentó contra la sentencia que tumbó la ordenanza municipal, todo ello después del fallo contrario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la normativa del anterior mandato junto a Begoña Villacís (Ciudadanos).
De esta manera, el Alto Tribunal ha vuelto a dictaminar su fallo a la contra de la versión de Cibeles, considerando así que no existe interés casacional en la causa de manera objetiva al entender que la modificación de la ordenanza no cuenta con la suficiente trascendencia.
Así las cosas, el Ejecutivo de Almeida se verá obligado a aplicar, aunque de manera provisional, la normativa de 2013 sobre las terrazas madrileñas.
La oposición aplaude la decisión judicial
Tanto los socialistas como desde Más Madrid se han pronunciado sobre este fallo de la justicia que afecta a este último intento de Almeida. Por su parte, Rita Maestre ha calificado la modificación de la ordenanza como de “una chapuza”. En este sentido, ha añadido que, “para ser abogado del Estado”, el alcalde de Madrid “acumula demasiadas cacicadas que pagamos todos los madrileños”, nombrando así ejemplos “como las cocinas fantasmas, la ordenanza de movilidad o el grupo mixto ilegal”.
‼️ Nuevo varapalo judicial para el PP de Almeida:
La modificación de la Ordenanza de Terrazas es una chapuza, como las cocinas fantasmas, la ordenanza de movilidad o el grupo mixto ilegal.
Para ser abogado del Estado, acumula demasiadas cacicadas que pagamos todos los… pic.twitter.com/So7g0V1v4G
— Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 9, 2025
Bajo la misma premisa se han pronunciado los socialistas de Reyes Maroto. En este caso, Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del PSOE-M, ha celebrado que, al fin, “el asunto haya quedado zanjado”: “La ordenanza tenía unas deficiencias imperdonables y la tramitación había sido una chapuza a la que estamos acostumbrados con el Gobierno de Almeida”, reiterando a su vez que, de esta manera, se termina “la condena al Ayuntamiento de Madrid a pagar todas las costas”, que ascienden a un montante de 2.000 euros.
De la misma manera se han pronunciado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), desde la que su presidente, Jorge Nacarino, supone “la constatación del fracaso de una ordenanza que se hizo sin espíritu de consenso” con las partes que se vieron afectadas.
La norma en cuestión “regula la gestión del espacio público” el cual, en un escenario como el que se da en la capital, resulta “muy conflictivo”, por lo que desde FRAVM confían en que próximamente Cibeles retome el desarrollo de una nueva ordenanza en la que prime “el espíritu de diálogo”, sumado al “consenso” de vecinos y la hostelería.
Recorrido judicial y horizonte próximo
Fue en abril de 2024, hace prácticamente un año atrás, cuando el TSJM estimó el recurso contencioso-administrativo que presentó la entonces portavoz de los socialistas madrileños, Mar Espinar, ahora portavoz en la Asamblea de Madrid, en el que reclamó la nulidad de la norma aprobada en enero de 2022 al considerar que ésta carecía de informe de impacto presupuestario y medioambiental, además de por no haber sido sometida a información pública.
En paralelo a la presentación de dicho recurso, Almeida maniobró para dar un giro al reglamento para subsanar estos errores detectados y lograr “un equilibrio” en los intereses de las partes implicadas.
Ahora, con el fallo del Supremo sobre la mesa, cabe retrotraerse a 2013, cuya ordenanza volverá a aplicarse más de diez años después de manera provisional, según ha aclarado Almeida esta mañana del miércoles.
Pese al pronunciamiento del Supremo conocido este miércoles, Almeida ha señalado que ya guardaba bajo cartera “un plan de contingencia” ante esta situación, por lo que, a partir de ahora, continuarán concediendo autorizaciones a locales de hostelería para instalar sus terrazas tal y como se estaba haciendo. Las vigentes, las mantendrán; mientras, las nuevas peticiones se formalizarán conforme a lo dictado en 2013.
Así las cosas, hasta finales de 2025 no habrá un horizonte en el que se podrá vislumbrar una nueva normativa, la cual ha avanzado que será “muy similar” a la de 2022, salvándose de “ligeros retoques”. A pesar de ello, el dirigente de Cibeles ha continuado defendiendo que la ordenanza anterior era “un buen modelo” que permitía la convivencia vecinal con la hostelera.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
hazte socio
