El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este lunes al presidente Donald Trump a seguir adelante con la deportación de presuntos miembros de bandas venezolanas, amparándose en una ley de 1798 tradicionalmente reservada para tiempos de guerra. La decisión respalda la política migratoria de línea dura impulsada por el republicano, aunque impone ciertos límites.
Con una votación ajustada de 5 a 4 y sin firma del autor, el fallo —apoyado por la mayoría conservadora del tribunal— anuló una orden del juez James Boasberg, emitida el 15 de marzo en Washington, que había bloqueado temporalmente las expulsiones. Boasberg cuestionó el uso de la Alien Enemies Act para justificar deportaciones sumarias mientras el caso seguía en litigio.
Pese a respaldar la postura del gobierno, el Supremo estableció restricciones: los detenidos deben ser notificados dentro de un plazo razonable de que serán expulsados bajo esta ley, y dicha notificación debe permitirles recurrir mediante un procedimiento de habeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de ser deportados.
Aunque el tribunal tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, la jueza Amy Coney Barrett se unió a los tres magistrados progresistas en la disidencia.
Trump defendió la medida argumentando que Boasberg había invadido competencias presidenciales en materia de seguridad nacional. “El Supremo ha defendido el Estado de derecho al permitir que cualquier presidente pueda proteger nuestras fronteras y a nuestras familias”, escribió el exmandatario en redes sociales.
Trump activó la Alien Enemies Act el 15 de marzo para agilizar la expulsión de presuntos integrantes del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano. Se trata de una ley utilizada en el pasado para internar a ciudadanos japoneses, italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Según el fallo del lunes, los detenidos deben presentar sus recursos en el distrito judicial federal donde se encuentren, lo que en este caso significa que el litigio debía haberse iniciado en Texas y no en Washington D. C.
El Supremo no se pronunció sobre la legalidad del uso de esa ley para justificar las expulsiones. “Los demandantes cuestionan la interpretación del gobierno y afirman que no se les puede considerar enemigos extranjeros expulsables. Pero no entraremos a valorar esos argumentos”, dictó el tribunal.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de varios hombres venezolanos detenidos por las autoridades migratorias, quienes alegaron que la orden de Trump excedía sus poderes. Argumentaron que la norma sólo puede aplicarse si hay una guerra declarada o una invasión al territorio estadounidense.
Esta legislación autoriza al presidente a detener, restringir o expulsar a personas que se considere tienen lealtad primaria hacia un poder extranjero y representen un riesgo en tiempos de guerra.
«Consecuencias de vida o muerte»
Lee Gelernt, abogado de ACLU y representante legal de los demandantes, consideró el fallo como una victoria. “Tendremos que reiniciar el proceso judicial en otra jurisdicción, pero lo fundamental es que el Supremo ha reconocido que los individuos tienen derecho al debido proceso para impugnar su deportación bajo esta ley”, afirmó.
En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor cuestionó las conclusiones de la mayoría y su “precipitación” al decidir el caso en solo unos días. Afirmó que los tribunales deberán evaluar si hay una “invasión” o “incursión hostil” que justifique el uso de esta ley y determinar si los detenidos pertenecen efectivamente al Tren de Aragua.
Sotomayor advirtió que exigir que los inmigrantes presenten recursos individualmente en distintos puntos del país podría exponerlos a daños graves e irreparables. Uno de los riesgos es que no sepan si permanecerán detenidos donde fueron arrestados o si serán trasladados en secreto a otro lugar. “Ese requisito puede tener consecuencias de vida o muerte”, advirtió.
Aunque Boasberg —nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama— bloqueó temporalmente las expulsiones, la administración Trump permitió que dos aviones que ya estaban en vuelo continuaran hacia El Salvador. Allí, las autoridades entregaron a 238 venezolanos al gobierno salvadoreño, que los trasladó al “Centro de Confinamiento del Terrorismo”.
El juez también investiga si el gobierno violó su orden al no retornar los vuelos. El Departamento de Justicia alegó que, cuando se emitió la orden escrita, los aviones ya habían salido del espacio aéreo estadounidense, por lo que no estaban obligados a regresar. Restaron importancia a una instrucción oral previa del juez durante una audiencia en la que pidió suspender los vuelos.
El 18 de marzo, Trump pidió públicamente al Congreso que destituyera a Boasberg, lo que le valió un reproche del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Trump calificó al juez como “lunático radical de izquierda” y “agitador” en sus redes sociales, a pesar de que fue confirmado por unanimidad (96-0) en el Senado en 2011.
Este fallo se suma a otras decisiones recientes del Supremo que han favorecido a Trump. El viernes anterior, el tribunal permitió por 5 votos contra 4 que su gobierno recortara fondos para programas de formación docente vinculados a iniciativas de diversidad e inclusión. Además, el mismo lunes, suspendió temporalmente una orden que obligaba a devolver a un ciudadano salvadoreño deportado por error.
