Pedro Sánchez solo se ha sometido en una ocasión al maratoniano debate del estado de la Nación desde que llegó al Gobierno en 2018. Sin embargo, este martes, ha habido un amplio consenso entre los grupos de la Cámara Baja para establecer la obligación de celebrar este debate de manera anual, como marca la tradición parlamentaria desde 1983. La iniciativa, impulsada por el PP, ha contado con el respaldo de los partidos del Ejecutivo que se comprometieron con esta iniciativa en el Plan de Acción por la Democracia que aprobaron en septiembre.
Manteniendo la tónica habitual de los últimos meses, la diputada del PP Macarena Montesinos ha denunciado que Sánchez trate de escapar al control del congreso y ha asegurado que se «desprecia al parlamento». En el texto que han defendido, los conservadores critican que desde que el líder del PSOE llegó al Gobierno solo se celebrara en 2022 el debate del estado de la Nación. Al margen de las críticas, la mayoría de los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de regular la obligatoriedad de esta iniciativa.
Incluido el PSOE, aunque el diputado socialista Pedro Casares ha aprovechado su intervención para afear al PP que reclame transparencia y rendición de cuentas cuando el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «ni siquiera estuvo en su propio debate de moción de censura» y ahora van a concentrar al PP europeo en Valencia para que vean «todo lo contrario a rendir cuentas», en referencia a la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón.
Además, el Gobierno aprobó en septiembre el Plan de Acción por la Democracia en el que introdujeron su compromiso a incluir en el reglamento del Congreso la obligación de celebrar este debate. Así, la propuesta de los conservadores que se deberá convocar «con periodicidad anual, excepto los años que se celebren elecciones generales» y que el Gobierno deberá informar al final del año de las actuaciones realizadas para «dar cumplimiento de las resoluciones» que apruebe la Cámara Baja durante estos debates.