El año pasado pulverizó registros de ejecuciones de penas de muerte en el mundo. A pesar del oscurantismo que rodean las firmadas en China, 2024 fue el año con más ejecuciones desde 2015, denuncia este martes Amnistía Internacional en un detallado informe en el que Arabia Saudí, Irak e Irán concentran hasta el 91% de las ejecuciones conocidas.
“Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del fuerte incremento de las muertes el año pasado, al llevar a cabo el 91% de las ejecuciones conocidas, violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo”, señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada. En 2024, sólo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, dato que indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, agrega Callamard.
Menos países, más ejecuciones
Según el informe «Condenas a muerte y ejecuciones», en 2024 se registraron 1.518 ejecuciones, la cifra más alta desde 2015 (al menos 1.634), la mayoría en Oriente Medio. Por segundo año consecutivo, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo del que se tiene constancia. Irak casi cuadruplicó sus ejecuciones (de al menos 16 a al menos 63) y Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a al menos 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a al menos 972), cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas.
Fueron ejecutadas mujeres en seis países: Arabia Saudí (9), China (+), Egipto (2), Irak (1), Irán (30) y Yemen (2). Al menos ocho ejecuciones públicas se registraron en Afganistán (4) e Irán (4). Al menos ocho personas —Irán (4) y Somalia (4)— fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años. En 2024 se utilizaron los siguientes métodos de ejecución: decapitación, ahorcamiento, inyección letal, muerte por arma de fuego y asfixia con gas nitrógeno.
Estos números llevan aparejados una inmensa letra pequeña: no se incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte. Además, las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus cifras.
Uso contra la disidencia
Uno de los principales usos de la pena capital sigue siendo aterrorizar y silenciar a la disidencia política. “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, apunta Callamard.
Así, en 2024 Irán continuó empleando la pena de muerte para castigar a activistas que desafiaban a la República Islámica durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad. Dos de esas personas —una de ellas un joven con discapacidad mental— fueron ejecutadas en relación con el levantamiento tras juicios sin garantías y “confesiones” extrídas a base de tortura.
Por su parte, la monarquía absoluta saudí la siguió aplicando para perseguir a la disidencia política y castigar a la minoría chií del país que apoyó las protestas entre 2011 y 2013. En agosto, las autoridades ejecutaron a Abdulmajeed al Nimr por delitos de terrorismo relacionados con su adhesión a Al Qaeda, pese a que los documentos judiciales iniciales hacían referencia a su participación en protestas, denuncia Amnistía Internacional.
En países como Estados Unidos, en cambio, las penas de muerte fueron usadas en el discurso político “con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública”. Al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia, se ejecutaron a 25 personas (frente a 24 en 2023). Donald Trump reivindicó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población “de violadores violentos, asesinos y monstruos”. “Su deshumanizadora declaración promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”, apunta Amnistía.
Otro de los campos en los que se ha defendido la pena capital es en los crímenes relacionados con el tráfico de drogas. “Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”, subraya Callamard.
Países candidatos a sumarse al uso de la pena capital
Más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a “los más graves delitos”, e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito. Amnistía recalca la necesidad de persuadir a países que barruntan actualmente la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a “que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas”. A ellos se podrían sumar también República Democrática del Congo y las autoridades militares de Burkina Faso.
En la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000.
