El Servicio Canario de Empleo (SCE) podría quedarse sin el 80% del personal que ejecuta las políticas activas de empleo si no hay soluciones antes del 31 de diciembre para que la plantilla mantenga sus puestos y no termine en la calle. Los 158 técnicos de Empleo que trabajan en el SCE en los servicios de orientación, intermediación y prospección están sumidos en la incertidumbre sobre su futuro laboral pero también en relación con el servicio que prestan, uno de los pilares de las políticas que se gestionan desde la Comunidad Autónoma para ayudar a los desempleados a encontrar un trabajo adecuado a sus condiciones, asesorarles en materia de formación y contactar con las empresas para que tengan a los técnicos como personas de referencia cuando buscan un perfil profesional.
La escala de los Técnicos de Empleo surgió en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017. Financiada con fondos del Estado, se puso en marcha posteriormente en el plan de choque de Garantía Juvenil y fue en 2022 cuando se dotó la partida para incorporar a 158 técnicos en el Servicio Canario de Empleo en todas las islas vinculados al programa Red Orienta 3000, con una duración de tres años prorrogable por un año más.
Se trata de funcionarios interinos que no se pueden acoger a los procesos de estabilización que se están ejecutando desde que entró en vigor la Ley estatal 20/2021. Estos empleados no entran en esta regularización laboral porque se incorporaron con posterioridad a la fecha límite establecida por la ley, que es el 31 de diciembre de 2020, mientras que, por otro lado, se trata de personal interino vinculado a un programa de duración determinada –cuatro años–, por lo que al expirar el mismo finaliza la vinculación laboral con la Administración contratante.
Pero a ocho meses de que finalice el programa actual, 158 puestos de trabajo en el aire y un servicio esencial en materia de empleo en riesgo son los técnicos los que alzan la voz para buscar alternativas que posibiliten su continuidad y que no decaigan unas tareas que han mejorado la gestión del SCE, reducido la tasa de desempleo e incrementado la confianza de las empresas en el servicio público y la intermediación laboral. Ahora el tiempo corre en contra de este colectivo y ante la falta de respuestas por parte de la dirección del SCE y de la Consejería de Turismo y Empleo, ya se han iniciado acciones para evitar una situación que podría ser un golpe en la línea de flotación de las políticas activas en materia de empleo.
Representantes de este colectivos mantuvieron recientemente un encuentro con los principales responsables de la Consejería para buscar opciones a la salida de los 158 técnicos y evitar que los servicios de orientación laboral, intermediación y prospección queden al albur de nuevo personal que se tendrá que formar y empezar casi desde cero, después del camino que se ha recorrido en los últimos años y que ha supuesto cimentar un trabajo que ha dado sus frutos tanto para los desempleados como para las empresas. En otras comunidades autónomas como Galicia, Madrid o Valencia la escala de técnicos de Empleo se ha integrado en la estructura de los organismos públicos responsables de las políticas de empleo mediante una relación de puestos de trabajo (RPT) para después convocar las oposiciones correspondientes, de tal forma que pasa de ser un programa temporal a convertirse en un servicio permanente.
Dailos Escuela y Nazaret Díaz forman parte de la plantilla de los técnicos de empleo como intermediador y orientadora, respectivamente. Tras la reciente reunión con la Consejería y la dirección del SCE las sensaciones son agridulces porque no ven claro su futuro laboral y la estabilidad del servicio que prestan a la población con problemas de inserción en el mercado de trabajo. Volver a depender de los fondos del Estado con los presupuestos prorrogados abre un interrogante sobre la posibilidad de que continúe el servicio a partir de 2026 y en los siguientes ejercicios y externalizar la orientación laboral como se hacía antes tampoco supone una garantía de continuidad, pero sobre todo deja en el aire la permanencia de las actuaciones.
Dotación económica
La solución propuesta al Ejecutivo es la creación de una RPT sin dotación presupuestaria inicial antes de diciembre de 2025, con el compromiso de incluir la financiación necesaria en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026. Esto permitiría regularizar la situación y garantizar la continuidad del servicio mediante un proceso de interinidad hasta la convocatoria de un concurso-oposición.
«Lo que nos falla ahora mismo es el tiempo porque no se han tomado las decisiones necesarias y no creo que haya tiempo para tener una solución rápida y poder conservar el servicio», advierte Nazaret Díaz. Por su parte, Dailos Escuela considera que las decisiones por parte del Gobierno «deben ser a la mayor urgencia posible porque no solo es competencia de la Consejería de Turismo y Empleo sino también de la Dirección General de Función Pública y de la Consejería de Hacienda» ya que se trata de crear una estructura con nuevas plazas y también de dotarlas presupuestariamente con unos nueve millones de euros de cara a los presupuestos autonómicos de 2026, de tal forma que el personal seguiría en calidad de funcionarios interinos hasta la convocatoria de un concurso-oposición en tres años.
Una parte importante de los empleados del Servicio Canario de Empleo van a consolidar sus plazas a través de los procesos de estabilización que aún se están desarrollando, a excepción de estos 158 técnicos que entraron para aplicar un programa y se han convertido en una parte esencial de la labor que desarrolla el SCE. En ocasiones de sobrecarga de trabajo también han realizado labores que no están estrictamente en sus cometidos, lo que da idea de las repercusiones que puede acarrear que en el primer trimestre de 2026 el organismo se quede sin este personal y los cambios que supondría.
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