La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto al militar y al guardia civil acusados de organizar sin autorización prácticas con explosivos en cursos de formación privados. La Fiscalía pedía para ambos tres años y medio de prisión por un delito de tenencia de explosivos, además de la inhabilitación para ejercer durante el tiempo de condena cualquier profesión relacionada con el manejo de sustancias o aparatos explosivos, inflamables o asfixiantes.
En la sentencia, que ha consultado El Independiente, el tribunal concluye que no ha quedado acreditado el uso de explosivos reales durante la actividad celebrada el 25 de noviembre de 2014 en la provincia de Valladolid, en la que participaron cuatro miembros de la Armada de Chile. Los dos acusados —uno técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) del Ejército de Tierra y el otro sargento de la Guardia Civil y jefe del servicio de desactivación de explosivos (Sedex) en la Comandancia de Valladolid— impartían los cursillos a través de una empresa especializada en formación técnica sobre explosivos y su eliminación.
Desde el inicio del proceso, la defensa sostuvo que el material utilizado era simulado y que en ningún momento se manipuló munición o sustancias reales. Por su parte, los peritos señalaron que, a partir de las fotografías aportadas por la Fiscalía, no era posible determinar la autenticidad del material, y apuntaron que habría sido necesario recoger muestras para su análisis.
Uno de los acusados explicó durante el juicio que en el curso sólo se empleó material simulado y que contaban con autorización para impartir formación, también a militares extranjeros. Defendió que no hubo riesgo alguno y que las prácticas se realizaron siguiendo protocolos de seguridad y afirmó que, por su apariencia, los elementos utilizados pueden confundirse con explosivos reales y que una fotografía no permite determinar su autenticidad, como ocurre en muchos manuales técnicos. También subrayó la dificultad de acceder a ese tipo de materiales.
Un fallo «ejemplar»
En su resolución, la Audiencia afirma que el contenido audiovisual de la sesión “ofrecía apariencia de realidad en la utilización de explosivos”, pero subraya que lo más realista podía ser la técnica empleada, algo “lógico” tratándose de una formación especializada en la que la simulación debe ser lo más precisa posible para la enseñanza y evaluación de los participantes. Añade que no se ha podido rastrear la compra ni el origen del supuesto material explosivo, cuya adquisición califican de «difícil».
La sentencia recuerda que es responsabilidad de la acusación demostrar la culpabilidad de los investigados, y que toda duda razonable debe resolverse a favor del acusado: «La carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado.»
La defensa de los acusados, llevada a cabo por el gabinete jurídico Suárez-Valdés, ha calificado el fallo de “ejemplar” y ha criticado duramente la actuación del Ministerio Fiscal, al considerar que mantener la acusación fue un acto «temerario e infundado”, ya que existían pruebas «directas» que exculpaban a sus representados.
