En una muestra más, tan previsible como enojosa, de descoordinación de movilizaciones populares que deberían unificarse y no hacerse la competencia, Sevilla fue este sábado testigo de dos manifestaciones: una contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la vivienda y otra contra la privatización de la sanidad pública, que en Andalucía viene implementándose sin prisa pero sin pausa, y con extremado sigilo, desde hace más de un lustro.
La primera marcha reunió a unas 3.000 personas y la segunda a unas 20.000: cifras ambas muy pero que muy aproximadas, pues esta es la maldita hora en que todavía no hemos conseguido que la Policía Local y la Policía Nacional ofrezcan un recuento unitario y fiable, salvo que ayuntamiento y gobierno estén, claro está, gobernados por el mismo partido. He ahí un pequeño pero significativo ejemplo más de lo poco que hemos cuidado las instituciones: hasta tal punto no lo hemos hecho que ni siquiera podemos fiarnos de dos de ellas de tanta relevancia como la Policía Local y la Policía Nacional en una cuestión a fin de cuentas tan banal como el conteo de manifestantes.
Jóvenes y viejos
Ni siquiera habría hecho falta leer las pancartas de una manifestación y otra para identificar cada una de ellas: bastaría con mirar las fotos. Los 3.000 reclamando alquileres justos y viviendas asequibles eran mayoritariamente jóvenes y muy jóvenes; los 20.000 defendiendo la sanidad pública eran sobre todo mayores y muy mayores.
La juventud es inmortal y, por tanto, su menor preocupación es la enfermedad y la muerte, todo lo contrario de lo que sucede con quienes han saltado la barrera de los 60 o se aproximan a ella a todo galope: para estos, es una prioridad no ya política sino vital recuperar un sistema sanitario como el que existía antes del estallido de la crisis bancaria de 2008, antes de sufrir el brutal deterioro del que todavía no se ha recuperado. Los ‘boomers’ tienen casa pero no tienen salud o están en puertas de no tenerla; los Z y los ‘milenials’ tienen salud pero no tienen casa ni están en puertas de tenerla.
Sueldos y pensiones
Los gobiernos de izquierdas han sabido, mal que bien, dar la batalla por la sanidad pública, pero dejaron de hacerlo hace mucho tiempo por el acceso a la vivienda. De pronto han caído en la cuenta: ¡qué escándalo, aquí faltan casas!
Los ‘boomers’ podían comprarse una casa o permitirse un alquiler asequible, pero sus hijos ni una cosa ni la otra: la sensación de ser más pobres que sus padres no es una fantasía victimista de niños mal criados, es un hecho incontrovertible, como lo es que en muchas ocasiones sus sueldos son más bajos que las pensiones que cobran sus padres. Las causas son muchas, pero una de ellas es la destrucción (en ocasiones autodestrucción) de los sindicatos, que está siendo un hecho funesto para las últimas generaciones de trabajadores… del sector privado: paradójicamente, los sindicatos son más fuertes donde menos se les necesita, que es en el sector público, y más débiles o incluso inexistentes donde más urge su presencia, que es en sector el privado.
Políticos y expolíticos
Ambos, mayores y jóvenes, están, como en el día de ayer, llamando airadamente a las puertas de la Casa de la Política, pero sus moradores solo tienen, si acaso, respuestas para los primeros, no para los segundos. Los jóvenes no escuchan buenas respuestas a sus desesperadas preguntas. Y las que escuchan no las toman en consideración porque son respuestas voluntariosas, retóricas, respuestas demasiadas veces extraídas del último argumentario preparado por los servicios de comunicación y marketing del gobierno o del partido.
Otra paradoja: los políticos que dan las mejores respuestas son los que ya no están en la política, como el exalcalde de Barcelona y exministro Joan Clos: “Hay que dejar claro qué queremos hacer con la vivienda y si es un derecho aspiracional como la felicidad o exigible como la sanidad (…) Si la política de vivienda se concibe como un quinto pilar del Estado de bienestar necesita un diseño económico, financiero y fiscal”. Clos también recuerda lo que todos saben pero actúan como si no lo supieran: que no hay solución al problema de la vivienda sin un pacto nacional. Y no vemos que hasta ahora nadie haya hecho nada significativo por alcanzarlo.
Deuda e impuestos
Garantizar una sanidad pública de calidad es, técnica y políticamente, bastante más fácil que generalizar el acceso popular a la vivienda, pero en ambos casos se precisa lo mismo: dinero, mucho dinero. Y el dinero solo puede obtenerse o bien emitiendo deuda (principales beneficiarios: los bancos) o bien subiendo los impuestos (principales beneficiarios: los pobres), pero desde hace décadas los partidos nominalmente de izquierdas se han apuntado siempre a lo primero y solo muy rara vez a lo segundo.
La derecha ha perdido otras batallas culturales, y de ahí la bronca aparición de los Trump, las Meloni o los Abascal, pero no desde luego la batalla cultural de los impuestos: hoy, hasta los pobres piensan es que es bueno para ellos que los ricos paguen pocos impuestos. ¿Plantear subidas fiscales sigue siendo electoralmente letal, como dan por hecho desde hace décadas los estrategas de la socialdemocracia? Quién sabe. Ayer sí, pero tal vez hoy, o mañana a más tardar, no. Subir impuestos quizá sea un trabajo sucio, pero alguien tendría que hacerlo, ¿no?
