Fueron varias las advertencias sobre las actividades presuntamente irregulares en la mina de Cerredo (Asturias), donde este lunes se produjo un accidente en el que murieron cinco mineros y que ya en 2022 registró otro con un fallecido. Funcionarios del servicio de guardería natural del Principado informaron por escrito y en varias ocasiones sobre actividades de ocupación de montes públicos por parte de la empresa explotadora de la mina, según pudo saber La Nueva España de fuentes próximas al servicio. Lo hicieron meses antes del siniestro de 2022 y también en septiembre de 2024. En aquellos informes constaban advertencias sobre la presencia de maquinaria y la ocupación del monte público 144. Incluso se incluyeron declaraciones de trabajadores. Las actas se remitieron a la consejería de Medio Rural, señalaron las fuentes consultadas.
Una de las inspecciones en la zona se realizó el 23 de abril de 2022, aunque el documento de acta se terminó el 11 de mayo. Se inspeccionó la zona del sexto piso, precisamente de donde en agosto de ese mismo año –según consta en sentencia judicial–, cargaron carbón extraído de manera irregular los dos trabajadores que después sufrieron un accidente: uno de ellos falleció y el otro perdió una pierna.
El interior de la mina de Cerredo. / LNE
El funcionario advirtió de una ocupación irregular y realiza fotografías de maquinaria, como electrogeneradores, en la plaza de entrada a la mina. También señala que la concesión para la explotación a cielo abierto está caducada y que se produce «transporte de material del interior». Entre las imágenes se encuentra la de una paleadora. Un representante de la empresa le afirmó que solo estaban haciendo actividades de mantenimiento. Sin embargo, el uso que realizaban del monte público era irregular, sostiene el funcionario, lo que podría haber sido ya una advertencia de cara a una inspección.
El último de los informes tiene fecha del pasado 6 de septiembre de 2024, aunque la inspección se realizó tres días antes. Según pudo saber este periódico, en el documento se advirtió de una ocupación irregular de terrenos por parte de la empresa explotadora en los pisos 2 y 3 (este último fue el del accidente de este lunes). El guarda pudo hablar contactó con el ingeniero de la explotación que afirmó que se estaba con trabajos de mantenimiento.
En el nivel 2, el informe señala que había maquinaria, que se estaba realizando escombrado de la galería y que había dos operarios en la zona de uso forestal. El informe señala que se interrogó a estos trabajadores que afirmaron estar «preparando para más adelante sacar carbón». Posteriormente, el guarda baja al centro facultativo donde se encuentra a una persona que se identifica como Jesús Rodríguez Morán. «Me comunica que es el dueño de la empresa», redactó el funcionario, y asegura que ha solicitado la ocupación de las plazas del nivel 2 y 3 y que van a ser ocupadas para utilizar carbón. Ante las preguntas del funcionario, Rodríguez Morán responde que «no me preocupe, que ya las restaurarán y que están en contacto a altos niveles en Medio Ambiente». «Somos paisanos, con voluntad todo se arregla», añadió según dejó constancia el funcionario. Eran las 10.20 de la mañana.
Semanas después, en otra visita a la zona, el mismo funcionario detectó una zanja construida para ventilar en el nivel 2, sobre la que también informó. El informante desconoce si las actas que levantó dieron lugar a que se tomasen medidas. Lo único cierto es que meses después, cinco trabajadores murieron y las sospechas de una actividad irregular se mantienen como principal hipótesis.
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