Esta semana, uno de los temas más comentados ha sido la demanda que Juan Carlos I impondrá a Miguel Ángel Revilla. El rey emérito reclamará hasta 50.000 euros al expresidente de Cantabria en concepto de daños morales, por unas presuntas «expresiones injuriosas, difamatorias y oprobiosas» empleadas por Revilla. Así consta en el escrito de la abogada de Juan Carlos I, en el que se hace referencia a varias entrevistas en las que el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha mencionado al emérito.
El político no tardó en reaccionar a la demanda interpuesta por Juan Carlos I, recordándole que, si no hubiese sido rey, estaría «como la señora Le Pen». Revilla consideró «injusto y mezquino» que una persona inviolable, como Juan Carlos I, demande a «un ciudadano de a pie» como él. El expresidente de Cantabria se preguntó además por qué el emérito no hace lo propio contra Bárbara Rey o Corinna Larsen, que han dicho «cosas muy gordas» sobre él.
La gran duda es qué pasará con toda esta polémica. La estrategia de disuasión que podría estar empleando el emérito, dando ejemplo con Revilla para evitar que otros carguen contra él en el futuro, ¿podría volverse en su contra?. ElPlural.com ha hablado con el magistrado Joaquim Bosch para tratar de dar con la respuesta.
Los dos posibles casos en los que Revilla sería condenado a pagar
El exportavoz de Juezas y jueces para la Democracia lanza varias reflexiones interesantes que ayudan a entender el caso. En primer lugar, Bosch desmiente que Juan Carlos I sea «inviolable», como le califica Revilla. «Solamente era inviolable durante su mandato como Jefe de Estado», motivo por el que la Fiscalía archivó las imputaciones por fraudes fiscales anteriores a 2014, fecha en la que abdicó en su hijo, el rey Felipe VI.
En segundo lugar, el magistrado apunta que Miguel Ángel Revilla es una persona «que ocupa un cargo público» y no un ciudadano de a pie como él se autodenomina. El expresidente de Cantabria es secretario general de su partido y diputado del Parlamento regional desde los años 80. Para el caso, esto quiere decir que sus declaraciones «están más protegidas jurisprudencialmente» que las de un ciudadano normal.
Existen dos límites por los que Revilla sí que podría ser condenado: «En el ámbito de la libertad de expresión, que haya procedido expresiones insultantes o gravemente injuriosas», explica Bosch. Por otro lado, «en el ámbito de la libertad de información, de todo lo que ha estado contando Revilla solamente podría ser condenado si no cumple el requisito de veracidad o si se ha dicho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».
El riesgo que corre Juan Carlos I en su demanda a Revilla
La demanda, no obstante, también entraña cierto riesgo para Juan Carlos I. El emérito, buscando limpiar su imagen, podría recibir un varapalo si, finalmente, el tribunal da la razón a Miguel Ángel Revilla. El juez Bosch lo explica apuntando que «hipotéticamente Revilla podría acreditar la veracidad de lo que ha dicho«, lo que daría un escenario en el que, después de años de litigios judiciales existiría una sentencia que diga que Juan Carlos I sí cometió «conductas defraudatorias«.
Esto, explica el magistrado, «no tendría efectos de condena» contra el rey emérito. Sin embargo, «desde una perspectiva simbólica de conocimiento ciudadano, sí que habría una resolución judicial que diría que se saltó sus deberes con la Hacienda pública». La posible victoria de Revilla en la demanda de conciliación es «un riesgo, porque cuando se va a juicio uno puede probar por un lado, pero la otra parte también puede probar. Revilla tiene la posibilidad de demostrar que todo lo que ha dicho es cierto, y eso consta en la sentencia».
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