Un juez federal de los Estados Unidos dictó el viernes que el gobierno de Donald Trump debe devolver a Estados Unidos en un plazo de tres días a Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que fue deportado injustamente a El Salvador. Esta es la última derrota legal para las políticas de deportación extremas del nuevo gobierno estadounidense.
Estados Unidos ya reconoció que Abrego García, un migrante salvadoreño que residía legalmente en el país con un permiso de trabajo, fue deportado por error. Esto ocurrió durante una operación que involucró tres aviones llenos de migrantes, deportados el mes pasado debido a supuestos vínculos con pandillas violentas.
Sin embargo, la Administración ha argumentado que no tiene autoridad legal para traerlo de vuelta, aunque los abogados de Abrego García sostienen lo contrario. «Lo pusieron allí, pueden traerlo de vuelta», afirmó Andrew Rossman, abogado del prestigioso bufete Quinn Emanuel, que se unió al equipo legal de Abrego García el viernes.
Kilmar Abrego García, con su hijo.
El 15 de marzo, Trump invocó la ‘Ley de Enemigos Extranjeros de 1798’ para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. El gobierno informó del envio de dos vuelos a El Salvador ese mismo día con deportados procesados bajo este estatuto de guerra y un tercer vuelo con deportados bajo otras normativas.
Abrego García fue incluido injustamente en el tercer vuelo, a pesar de una orden judicial de octubre de 2019 que le otorgaba protección contra la deportación, según un funcionario de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Abrego García fue detenido por agentes de ICE el 12 de marzo y sometido a un interrogatorio sobre su presunta afiliación a una pandilla. En una disputa migratoria anterior de 2019, el gobierno alegó que Abrego García formaba parte de la pandilla MS-13, algo que él siempre ha negado.
Los abogados de Abrego García, quienes también representan a su esposa e hijo de cinco años, ambos ciudadanos estadounidenses, argumentaron en una presentación judicial que Estados Unidos no ha hecho nada para corregir lo que ellos consideran un error.
«Ausencia de pruebas»
Tras interrogar a los abogados del gobierno, la jueza federal Paula Xinis determinó en una audiencia en Greenbelt, Maryland, que el gobierno debe tomar las medidas necesarias para permitir que Abrego García regrese a Estados Unidos antes del 7 de abril. El Departamento de Justicia planea apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EEUU, con sede en Richmond, según informaron tras la audiencia.
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugirió que la jueza debería comunicarse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, «porque desconocemos si el juez tiene jurisdicción o autoridad sobre El Salvador».
El Departamento de Justicia calificó la orden del juez de «indefendible», instando al tribunal de apelaciones a suspender el fallo de manera inmediata.
Desde el gobierno estadounidense afirmaron que Abrego García «no tiene derecho ni base legal para estar en EEUU» y que «el interés público claramente se opone a su regreso, especialmente si se lleva a cabo de manera improvisada como resultado de una orden judicial».
Durante la audiencia, el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, aseguró que no había base legal para la deportación. «Admiten que no tenían autorización legal para expulsarlo a El Salvador«, afirmó Moshenberg. «El interés público está en que el gobierno cumpla la ley».
El abogado del gobierno, Erez Reuveni, reconoció que Abrego García no debía haber sido deportado. «Eso no está en discusión», comentó Reuveni.
En un intercambio poco habitual, Xinis interrogó a Reuveni sobre por qué Estados Unidos no podía recuperar a Abrego García. Reuveni respondió que había planteado esa misma pregunta a funcionarios del gobierno estadounidense sin obtener una respuesta satisfactoria. «La ausencia de pruebas habla por sí sola», indicó Reuveni.
