La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este viernes que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha logrado un consenso para impulsar el Plan de Salud Mental 2025-2027, que cuenta con una inversión de 39 millones de euros y aborda tres retos principales: el consumo de psicofármacos, la falta de profesionales y la garantía de derechos para las personas que padecen salud mental.
Durante una comparecencia ante los medios tras la reunión del pleno del CISNS este viernes en Toledo, se ha destacado que este acuerdo se ha alcanzado después de que en la anterior sesión, celebrada en febrero, no se lograra un pacto.
García, la cual ha estado acompañada por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha subrayado que «no ha habido ni un solo voto en contra del plan de salud mental».
En relación con las críticas del PP sobre la dotación presupuestaria del plan, expresadas por el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, antes del inicio de la reunión, la ministra ha aclarado que la cuestión económica «no ha sido casi motivo de debate», sino que la discusión se ha centrado en la «falta de recursos humanos».
«La demanda ha sido más de recursos humanos, más allá de los micrófonos, no ha habido ni un solo voto en contra del plan de salud mental», ha insistido Mónica García.
Asimismo, la ministra de Sanidad ha adelantado que se ha alcanzado un acuerdo para establecer una guía común dentro del Sistema Nacional de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que «por fin ve luz verde y que supone un paso firme en la garantía del acceso equitativo a esta prestación sanitaria en todo el territorio» nacional.
Guía del aborto
Profundizando en la guía sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la ministra de Sanidad ha señalado que este documento garantiza el derecho de las mujeres a acceder a este servicio sin importar su lugar de residencia, estableciendo «criterios clínicos y organizativos comunes» e incluyendo elementos clave como la creación del registro de objetores, aprobado en diciembre pasado.
En total, se han dado luz verde a nueve acuerdos que se suman a los 48 ya recogidos en anteriores reuniones del Consejo Interterritorial. Asimismo, se han aprobado tres proyectos normativos y se han abordado otras cuestiones como «el abordaje integral de la esclerosis múltiple, la ampliación de la cartera común de pruebas genéticas, el plan anual de la evaluación de las tecnologías sanitarias o la creación de un grupo de trabajo de depósito de reservas estratégicas del Sistema Nacional de Salud».
Plazas MIR
Otro de los aspectos de los que ha hablado la ministra ha sido en cuanto a las críticas del PP sobre la cantidad de plazas en Medicina Familiar y Comunitaria, García ha recordado que esta cuestión ya se abordó en una sesión dedicada a los recursos humanos hace unas semanas. Además, ha señalado que en los últimos cuatro años, 332 plazas han quedado sin cubrir y 577 han sido asignadas a candidatos que luego no se presentaron.
«Estamos hablando de un coladero de profesionales que no depende tanto de las plazas que nosotros estemos ofertando, casi 800 plazas más, sino depende de que los profesionales o cogen la plaza y no se quedan, o cuando terminan el MIR no se quedan en la plaza. Hay comunidades que no han sido capaces de retener ni siquiera a un 30 o 40% de los profesionales», ha afirmado.
Manifestación del Estatuto Marco
Respecto a la protesta convocada para este sábado en Madrid por parte de médicos que rechazan el borrador del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios propuesto por el Ministerio de Sanidad, García ha enfatizado que se mantiene un diálogo constante con los organizadores.
No obstante, ha precisado que el documento sigue en fase de borrador y que se continuará trabajando en él para que pueda ser evaluado «de una manera más rigurosa cuando se obtenga el texto definitivo», aunque ha expresado su respeto por las reivindicaciones del personal sanitario.
Medidas aprobadas
Los 39 millones de euros destinados al Plan de Salud Mental se suman a las inversiones previas, alcanzando un total de 101 millones de euros. «Con esta financiación lo que queremos llegar es a abordar los tres grandes retos, los tres grandes elefantes que tenemos en la habitación, que son tres desafíos que son ineludibles».
En cuanto al elevado consumo de psicofármacos, el Ministerio tiene previsto desarrollar una «guía práctica clínica basada en la evidencia» que ayude a orientar la deprescripción de antidepresivos, cuya retirada «es especialmente complicada», en una época en la que se habla con una “naturalidad pasmosa” de un lexatín o un lorazepam.
Asimismo, se va apoyar la regulación de la especialidad psicológica clínica en la infancia y en la adolescencia, en equivalencia con la especialidad de la psiquiatría en la infancia y la adolescencia y se facilitará también la capacitación y la integración de las redes de personas que hayan atravesado problemas de salud mental en la figura del acompañante terapéutico.
«Vamos a pedir a las comunidades que elaboren un informe de necesidades de recursos humanos de profesionales de salud mental que tenga en cuenta esta atención multidisciplinar y los recursos y los agentes comunitarios que nos permita identificar cuáles son los puntos críticos y poder reorientar todos los recursos y todos los profesionales con una mayor precisión».
Por otro lado, para garantizar los derechos fundamentales en la atención a la salud mental en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la declaración de derechos de las personas con discapacidad, se impulsarán todas aquellas alternativas a la contención mecánica para reducir también las intervenciones y los ingresos involuntarias, con prácticas más humanizadas que respeten la voluntad y la integridad de las personas.
El Ministerio de Sanidad dará pasos clave en la elaboración de un plan integral de desinstitucionalización, «como hubo ya en los años 80», para que las personas que sufren problemas de salud mental «puedan tener una vida autónoma e independiente y que puedan vivir en comunidad».
Además, se contará con la mayor colaboración institucional que ha habido hasta la fecha, asumiendo el esfuerzo de múltiples ministerios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los servicios sociales y de los servicios de emergencias y de otras instituciones como es el Instituto de Salud Carlos III.
A las comunidades del PP Mónica García les ha agradecido «el consenso, el rigor técnico y el interés general», porque «nunca es tarde si la dicha es buena» en relación al consenso alcanzado en el plan de salud mental.
