Miles de personas se han manifestado este sábado en protesta por la carestía y la escasez de vivienda convocados por los sindicatos de inquilinos, que exigen una rebaja del 50 % en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación.
La protesta se celebra este sábado en 40 ciudades españolas bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda», en medio de gritos como «okupa y revienta la vivienda», «que no pagamos con nuestros sueldos vuestra especulación» o «gobierno progresista cómplice de los rentistas», según informa EFE.
Al término de la manifestación en la capital, que ha concluido pasadas las 15:00 horas, los organizadores han hablado de entre 100.000 y 150.000 manifestantes, cifra que la Delegación del Gobierno en Madrid rebaja a 15.000.
La marcha de Madrid ha discurrido sin incidentes entre las plazas de Atocha y de España, liderada por los sindicatos de inquilinos, junto a una decena de organizaciones que forman parte de este movimiento y con el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT.
Otras menos 10.000 personas se han sumado este sábado a las manifestaciones convocadas en puntos de las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y Granada contra «el negocio de la vivienda».
En concreto, en Málaga han secundado la movilización unas 5.000 personas; en Granada, unas 4.000, y en Cádiz, unas 1.000, según datos de las subdelegaciones del Gobierno en dichas provincias consultados por Europa Press.
Los sindicatos «decretan» alquileres indefinidos
La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha dicho a los medios en la cabecera de la manifestación que desde este momento «decretan los alquileres indefinidos» y piden al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este año, según sus datos, «resistir».
Los convocantes solicitan contratos de alquiler indefinidos -medida que acaba de rechazar el Senado al entender que supone la vuelta del modelo franquista-, la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas o que se «desarticulen» los grupos de desokupación.
También demandan ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de las casas de la Sareb y de expropiaciones.
Dirigen sus críticas contra inmobiliarias, portales, plataformas de alquiler turístico como Airbnb, empresas de servicios como Alquiler Seguro, y contra el Gobierno, al que acusan de ponerse del lado de los «rentistas» y no hacer nada para frenar la especulación.
Los manifestantes han coreado gritos contra la Ley de Vivienda del Gobierno y han exigido que «gobierne quien gobierne» se defiende el derecho a la vivienda, y entienden que los poderes públicos desahucian a los inquilinos «al servicio del capital».
Racu ha pedido «acabar con la impunidad de los rentistas», y ha explicado que «hoy decretamos los alquileres indefinidos; se acabó marcharnos de nuestros barrios cada cinco o siete años».
Además, ha pedido que continúe la «huelga de alquileres», que ya promovieron en las manifestaciones de otoño y que, según sus cifras, ha permitido rebajar un 30 % el precio mensual. «A los rentistas culpables y a los gobiernos responsables [les digo] hoy vamos a acabar con vuestros negocios».
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ha asistido a la manifestación, ha afirmado ante los medios que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, es «colaborador necesario» en la crisis de la vivienda, porque «prima los intereses inmobiliarios y cronifica la pobreza».
Para su compañera Mar Espinar, portavoz del Grupo Socialista en la Comunidad de Madrid, el Gobierno central «ha hecho su parte» con la Ley de Vivienda y ahora «les toca a las comunidades».
Faltan viviendas y suelo
El Banco de España calcula que hacen falta cerca de medio millón de casas para cubrir la demanda, al tiempo que el sector denuncia la falta de suelo finalista y el bloqueo de la reforma de la ley de suelo, la falta de agilidad en los trámites y licencias y la elevada carga impositiva que soporta la vivienda.
El Ejecutivo, que ha promovido una empresa pública de vivienda y suelo, defiende la eficacia de la ley de vivienda y su control de precios y tiene el foco puesto en el alquiler asequible y en controlar los contratos de corta duración, especialmente los turísticos.
Además, trabaja en un paquete fiscal para incentivar la rebaja de los alquileres y desincentivar la compra de extranjeros no residentes y mantiene su bono de alquiler joven, así como los avales para la compra.
