Una de las empresas que se ha llevado el que hasta el momento es el mayor contrato adjudicado para obras de reconstrucción tras la DANA que golpeó varias localidades de Valencia el pasado 29 de octubre acumula multas millonarias en Madrid.
La compañía Urbaser, contratada de forma recurrente por el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida en Madrid para emprender labores de limpieza, suma varias sanciones en la capital en los últimos años por incumplimiento de los pliegos de los contratos de limpieza viaria.
En concreto, según ha podido saber ElPlural.com, la firma alcanzó en 2024 las 29 sanciones de un total de 104, y sumó el año anterior 54 del total de 93 que se pusieron a las compañías concesionarias. Desglosado, el montante que resulta es de 765.555 euros el curso pasado y de 943.333 en 2023.
Se trata de una realidad que no ha pasado desapercibida en la oposición al PP madrileño. “Nos llama la atención que esta empresa sea la elegida para gestionar este contrato en Valencia cuando en Madrid se le amontonan las sanciones por incumplimiento de los pliegos de los contratos de limpieza viaria”, expresan fuentes del grupo socialista a este periódico.
El megacontrato de la DANA
La polémica respecto de la gestión de la Generalitat sobre la DANA está a la orden del día desde la fatídica jornada de la que se cumplen más de cinco meses. Más allá de la dejadez de funciones de la que se acusa al president -que se encontraba de comida en El Ventorro con la periodista Marivel Vilaplana cuando ya había gente fallecida y muchos daños personales y materiales eran irreversibles- y a su equipo -a vueltas con la reunión del CECOPI o la alerta tardía a los móviles– el post-temporal tampoco ha quedado exento de controversia.
En este sentido, destacar que la Comunidad Valenciana ha cerrado buena parte de los acuerdos para las tareas de reconstrucción con empresas que, de una u otra forma, guardan relación con la formación conservadora. En el caso de Urbaser, en 2021 el consistorio de Cibeles le adjudicó el lote 3 de (otro) acuerdo de limpieza, que en aquella ocasión abarcaba el distrito de Fuencarral-El Pardo y, con él, la edificación de dos cantones de limpieza en los PAUS de Montecarmelo, polémicos desde entonces; y Las Tablas, junto a una base del SELUR en Arroyo del Fresno, en Mirasierra.
Esta semana, el Consell con mayoría ‘popular’ ha cerrado un acuerdo con Urbaser y otras dos empresas (Prezero y Paprec) por valor de 178,9 millones de euros a repartir a pares iguales, de manera que cada una de ellas recibirá 59,6 millones por llevar a cabo labores de limpieza y reconstrucción de algunas de las zonas afectadas por la tormenta del pasado mes de octubre.
Este dinero se suma a los más de 240 millones que hasta el momento aparecía en las cuentas del ayuntamiento mediterráneo para reparar los daños del temporal, la mayoría de ellos concedidos en contratos por el procedimiento de urgencia, ‘a dedo’ (sin someter a concurso público) y a firmas que guardan relación con la derecha.
De aquí se desprenden, por ejemplo, los 9’5 millones de euros que la Generalitat destinó a una constructora ligada a un empresario condenado por la trama Gürtel, Rafael Martínez Berna, ex presidente de la patronal alicantina Coepa. O los 15,6 millones de euros que percibió Ocide, compañía que, según el sumario del caso Azud, pagó presuntas mordidas al cuñado de Rita Barberá y uno de los principales investigados, José María Corbín.
Entre otros nombres propios aparecen el del excoordinador de campaña de Alberto Núñez Feijóo y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna (578.512 euros); o el del jefe de comunicación de Mazón, José Manuel Cuenca (290.000 euros). Tampoco pasan desapercibidos los 14,6 millones de euros que ha recibido durante estos meses Becsa, de Gabriel Alberto Batalla, condenado asimismo en el marco de la Gürtel; o los 14,3 millones de euros adjudicados a CHM infraestructuras, de Francisco Javier Martínez Berna, quien asumió una pena de un año y nueve meses de prisión por financiación ilegal del PP valenciano.
Cantón de Montecarmelo
En cuanto tiene que ver con el cantón de Montecarmelo, acumula años de polémica desde los puntos de vista social y políticos. Frente a lo primero los vecinos de un barrio bastión históricamente del PP, han puesto pie en pared contra el modus operandi del concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien el pasado mes de febrero se abrió a escuchar las alternativas de posibles ubicaciones para la edificación, pero finalmente ha cerrado la puerta a ellas.
En lo estrictamente político, los populares han encontrado en los últimos días el rechazo al cantón del conjunto del resto de Cibeles; de la izquierda del PSOE y Más Madrid, pero también de la ultraderecha de Vox.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
hazte socio
