«Tranquilidad y sosiego». Así ha comenzado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, su comparecencia de este viernes para analizar la providencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que condenaba a pagar a la administración local 330 millones de euros a los propietarios de esas parcelas. El primer edil explicó que los técnicos jurídicos y económicos están ahora estudiando todas las vías posibles para evitar hacer frente a esta responsabilidad patrimonial. Además recalcó que el consistorio tiene aún cinco procedimientos abiertos en primera instancia que podrían modificar la situación actual y que en dos ya se le ha dado la razón.
Tras conocerse el fallo del TS, la noticia de que la condena de los 330 millones era firme corrió como la pólvora y puso sobre la mesa las consecuencias económicas que podría tener para el Ayuntamiento. El importe supone dos presupuestos y medio del Ayuntamiento, de 140 millones. Pero el alcalde indicó que «aún no se está en este punto», es decir, en el de plantear cómo se va a hacer frente a ese importe millonario. Tampoco aclaró por ahora si el Ayuntamiento está dispuesto a negociar con los propietarios todo este asunto.
Pérez no detalló aún ninguna de esas vías que están estudiando los técnicos aunque sí recalcó que «el Ayuntamiento aún no ha agotado todo su camino» y que sobre la mesa «hay un abanico de opciones» para dar el siguiente paso. Por su parte, el PSOE ha pedido su dimisión y que dé explicaciones sobre este asunto y cómo va a afectar al futuro de la ciudad
Como publicó este diario, el Ayuntamiento de Benidorm presentó en agosto de 2024 ante el Tribunal Supremo un recurso de casación frente a la sentencia dictada el 23 de mayo por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que establecía que el Consistorio debía pagar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.
Con la presentación de este recurso se cumplía con la hoja de ruta marcada por los servicios jurídicos municipales para defender el interés general de Benidorm. El primer paso fue solicitar una aclaración de sentencia al TSJ. Pero con ella no cambió nada.
Los convenios
La sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 283 más intereses, que pueden subir la cuantía a 330 millones, llegó tras el recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. A pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes basándose en esos convenios, la misma sentencia sostenía en aquel momento que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116,27 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm.
El Ayuntamiento inició entonces el procedimiento para declarar la nulidad de esos convenios y poner así punto final a este litigio. Una posición que fue refrendada por el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen vinculante, que consideraba que efectivamente estos convenios eran nulos por diversos motivos. Hasta ese momento, todos los pronunciamientos judiciales habían sido favorables al Ayuntamiento de Benidorm, Pero los propietarios acudieron a los tribunales y les dieron la razón.
El primer convenio se firma en 2003 con el Vicente Pérez Devesa como alcalde de Benidorm. En 2010 y 2013, gobernando el socialista Agustín Navarro, esos convenios se modificaron para ampliar el plazo para satisfacer las compensaciones en tres años cada vez. El último expiró en mayo de 2016, ya con el PP en la Alcaldía con Toni Pérez a la cabeza. A partir de ahí, los propietarios del suelo comenzaron su batalla judicial.
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