Es un goteo incesante que empieza a vaciar las cárceles vascas de presos de ETA. La concesión de regímenes de semilibertad, de terceros grados, a los condenados por terrorismo se han ido normalizando y extendiendo desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las prisiones en 2021. Lo hizo primero con una consejería en manos del PNV y ahora del PSE. En los casi tres años y medio transcurridos han sido 78 los terceros grados concedidos a presos de la organización terrorista, casi dos al mes de media. A esta aceleración de la puesta en libertad vía progresiones de grado se suma los casos de presos que han salido por el cómputo de los años de cumplimiento de prisión en otros países, fundamentalmente Francia.
Actualmente tan sólo quedan 78 presos de ETA en las tres cárceles vascas, según el registro de Etxerat, asociación de familiares de preso de la banda. En septiembre de 2023 era 142. Los dos últimos casos se produjeron ayer, los etarras Juan Jesús Narváez –condenado a 28 años de cárcel- e Iñigo Vallejo, -condenado a una pena efectiva de 30 años por cinco asesinatos-, recibieron la progresión de grado que les permite salir de prisión. Ambos tenían fijado el final del cumplimiento de sus condenas para los años 2033 y 2040, respectivamente.
Cuando en octubre de 2021 el Gobierno español formalizó la cesión de la competencia de prisiones al Ejecutivo vasco, durante el último mandato de Iñigo Urkullu, el acuerdo se acogió como un logro histórico por parte de las autoridades vascas. Incluido en el Estatuto de Gernika, el traspaso de esta materia formaba parte de los acuerdos alcanzados entre PNV y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Incumplimiento de la ley
Para entonces, el fin de la dispersión de los presos de ETA estaba a punto de completarse. Fue el gobierno de Felipe González en 1989 quien instauró el alejamiento de los etarras en cárceles dispersas y alejadas de Euskadi. Desde 2018, el gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha un plan para acercar a los etarras a prisiones próximas al País Vasco y que culminó en julio de 2021, sólo tres meses antes de que la Administración vasca asumiera la gestión penitenciaria. El primer paso fue completar el ingreso de todos los presos de ETA en alguna de las tres cárceles de Euskadi. El traslado a los centros penitenciarios de Zaballa (Alava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia) de los presos de ETA hizo que la población reclusa se incrementara de manera importante en un 33%.
A partir de ahí, con todos los presos en prisiones vascas, se activó el proceso de concesiones de terceros grados. Algunas de las primeras concesiones de estas progresiones fueron recurridas ante la Audiencia Nacional por asociaciones de víctimas. Más de 15 de ellas fueron recurridas, en algunos casos siendo desestimadas y en otras obligando a los presos a regresar a prisión y seguir completando su condena. Las condiciones en las que se concedían las progresiones, sin haber acreditado suficientemente el arrepentimiento del recluso, estaban detrás de los recursos.
Aún hoy, algunas asociaciones de víctimas como Covite reiteran que no se está acreditando de modo adecuado ese arrepentimiento de los condenados por terrorismo por lo que las progresiones que se conceden son “fraudulentas”. Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco se recuerdan que la Ley General Penitenciaria establece en su artículo 72.6 que para la concesión de terceros grados los presos deben mostrar “signos inequívocos de haber abandona los fines y los medios terroristas”.
Colaborar con la Justicia
También apuntan que en el mismo artículo se establece que previamente deberán haber “colaborado activamente con las autoridades” para “atenuar los efectos de su delito” pero también “para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas”.
Actualmente el departamento de Justicia del Gobierno vasco da por válido un escrito manuscrito de los presos en los que muestren su arrepentimiento y trasladen a las víctimas su dolor por los actos que cometieron. Sin embargo, desde Covite se recuerda que las progresiones que se han concedido, en su inmensa mayoría, corresponden a presos vinculados con el entorno de la izquierda abertzale y bajo el amparo de Etxerat “que sigue considerándolos ‘presos políticos’ y héroes”. Señalan que se trata de reclusos que no se han desvinculado del control de la izquierda abertzale “que les prohíbe expresamente el arrepentimiento”. Añaden que las cartas manuscritas en las que se sustenta el supuesto arrepentimiento “son una burla” y que “nunca se hacen públicas”: “Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos.
