«Si Sánchez quiere hablar de calidad universitaria no debería favorecer una cátedra universitaria dirigida por una persona que ni siquiera es licenciada. No debería promocionar chiringuitos tutelados por una persona que ni siquiera es universitaria y financiados por empresas del Ibex a través de llamadas de Moncloa». Alberto Núñez Feijóo recurre a la investigación sobre la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid para arremeter contra el presidente del Gobierno y sus planes para endurecer los criterios de creación de nuevos centros privados de enseñanza superior.
Esas han sido las palabras con las que el líder del PP, en una entrevista en el programa Espejo público de Antena 3, ha contestado a Pedro Sánchez, quien aseguró esta semana que algunas universidades privadas son «chiringuitos educativos». Feijóo ha asegurado que «el Gobierno ha perdido la vergüenza para hablar de todo» y que este nuevo frente forma parte de la «polémica permanente» en la que, a su juicio, incurren los miembros del Ejecutivo para «no hablar de sus debilidades parlamentarias» ni del «lío monumental» que existe en su seno. «Se saca el conejo de la chistera para despistar», ha resumido.
El Consejo de Ministros aprobó este martes una ley para endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades privadas y defender así los centros públicos. La futura legislación afectará especialmente a los centros presenciales, pero aún más a aquellas en las que más del 80% de la docencia se imparta de forma enlice, es decir, las llamadas universidades «virtuales».
Feijóo ha reprochado a Sánchez que no puede exigir más calidad universitaria a alguien que tiene a su mujer con una causa judicial abierta por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado y que versa sobre la relación de Begoña Gómez con la UCM, en la que codirigió dos cátedras.
Feijóo, que este lunes cumple tres años como presidente del Partido Popular, ha mantenido sus críticas hacia la vicepresidenta primera María Jesús Montero por cuestionar la presunción de inocencia pese a que la también ministra de Hacienda pidió perdón a los jueces por sus palabras. «Esto es una instrucción y una forma de desacreditar al poder judicial por parte del Gobierno para ir desacreditando los autos y sentencias que le puedan afectar», ha reiterado. Y ha asegurado que le exigiría la dimisión a un miembro de su Ejecutivo si en un caso similar no se disculpase «a las horas».
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