La instrucción en la Audiencia Nacional del caso hidrocarburos, que investiga el fraude millonario por impagos de IVA en una trama liderada por el comisionista Víctor de Aldama, está sacando a la luz las disfunciones derivadas de la decisión del juez Santiago Pedraz de unificar bajo una misma dirección letrada a acusaciones populares que son tan diferentes como Hazte Oír o el PSOE.
El abogado Gonzálo Martínez Freneda, que representa a este último, ha presentado un escrito en el que pone de manifiesto su disconformidad con el escrito en el que la acusación popular unificada apoya la aportación a la causa de cientos de facturas y albaranes de la empresa Grufium Combustibles S.L. al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz. Fueron entregadas por las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor, que son las empresarias que admitieron la entrega en Ferraz de 90.000 euros en efectivo en octubre de 2020.
Grufium es una sociedad de la que es apoderado el principal socio de Aldama en esta trama, Claudio Rivas, quien impugnó ante Pedraz la entrega de esos documentos porque esta firma no estaba siendo investigada hasta dicho momento ni por la Fiscalía Anticorrupción ni por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; y además las Panohabrían los habrían obtenido de forma ilícita.
El PSOE considera que a Rivas «le asiste la razón» y las facturas no deben ser tenidas en cuenta, por lo que no está de acuerdo con el escrito presentado en su nombre a través de la dirección letrada de Hazte Oír, que es la que dirige la acusación popular. «La agrupación de acusaciones impone un ejercicio conjunto, coordinado y solidario de las acciones ejercidas», recuerda esta parte al juez Pedraz, por lo que, «desde esta perspectiva, la unificación de todas las acusaciones no puede funcionar sobre la base de permitir que uno solo de los agrupados, favorecido por el aleatorio criterio del ‘prior in tempore’, presente escritos por su sola iniciativa«.
Se da la circunstancia de que Grufium ha denunciado a las empresarias por un presunto delito de revelación de secretos empresariales. La documentación aportada, relativa al ejercicio 2021 que atañe Olivia Petroleum y Grufium Combustibles, revelaría la compra venta de petróleo entre la primera compañía (a la que Hacienda investigó en 2021 por un presunto fraude 40,3 millones por impagos en el IVA) y la firma de la que Claudio Rivas es apoderado.
Según esta denuncia, existe «ninguna forma legalmente válida» de que las Pano hayan obtenido la documentación «de la que se han apoderado y que han hecho pública de una manera absolutamente ilícita». En su escrito al juez afirmaban disponer físicamente de la información lo que según los denunciantes significa que han «hurtado los originales» de los documentos.
La instrucción de la trama de hidrocarburos motivó que Aldama estuviera unas semanas en prisión provisional, antes de alcanzar un acuerdo con Anticorrupción para que ese departamento solicitara su excarcelación –ninguna otra parte lo podía pedir entonces al estar la causa secreta– a cambio de colaborar en el caso Koldo, ha revelado el enfrentamiento entre los diferentes investigados de esta trama de fraude millonario a Hacienda.
